Por una deuda que lleva más de cuarenta años impaga, Perú se encamina a sufrir un nuevo round frente a los fondos buitre que esta vez apuntan a una nueva estrategia: tomar como base el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos, que habilitaría a los vulture funds a reclamar en los juzgados estadounidenses. Los analistas advierten que podría convertirse en otro caso “a la Argentina”, justo en el país que nuestro país mira para ver cómo solucionó su litigio con Elliott en 2000.
Los “bonos de la reforma agraria” se entregaron a quienes tuvieron tierras que fueron expropiadas por la dictadura a fines de los 60 y nunca se pagaron.
La ex ministra de Economía Mercedes Aráoz fue la primera en denunciar que los fondos especulativos estaban comprando los títulos para judicializarlos cuando se firmara el acuerdo comercial. “Son bonos que se emitieron bajo ley peruana y cualquier presentación debería hacerse en el país, pero los fondos apuntan a hacer valer la cláusula de protección de inversiones del TLC entre Perú y los Estados Unidos para llevar el caso a los tribunales de Nueva York”, explicó el especialista peruano en reestructuraciones de deuda Carlos Penny, quien fue durante diez años asesor del Citi en Nueva York. “Los compraron a 20 y 25 centavos de dólar. Si les va bien en el caso con la Argentina, probablemente vayan por esto también”, agregó Penny a PERFIL.
El fondo Gramercy –que se presentó como amicus curiae de la Argentina en su caso contra NML y encabezó un intento de negociación con NML Capital que finalmente el Gobierno descartó– es uno de los principales acreedores de los títulos de la reforma agraria de Perú, que se emitieron hace más de cuarenta años. Distintas versiones periodísticas señalan que Elliott Management, de Paul Singer, a través de distintas divisiones también habría adquirido estos activos. En enero, Gramercy le reclamó al Ministerio de Economía peruano una nueva emisión de bonos soberanos para cancelar una deuda estimada en US$ 1.100 millones, que según las estimaciones representa alrededor del 20% de la deuda total por estos títulos en default hace más de cuarenta años, calculada en unos US$ 4.500 millones.
El gobierno peruano estableció una instancia de canje durante los próximos cinco años que, sin embargo, es cuestionada por los analistas locales, que argumentan que quedaron muchos huecos en la oferta.
El Ministerio de Economía tiene un plazo de dos años para registrar y actualizar la deuda una vez recibida la solicitud.
“Este serio problema que está enfrentando la Argentina por la exigencia de pago de bonos de deuda externa al 100% a un fondo oportunista nos debería servir de advertencia respecto a los bonos de reforma agraria (bRA). Ya el ‘fondo buitre’ Elliott Associates nos ganó US$ 58 millones en el año 2000 y no me sorprendería que estuviese ahora también buscando venirnos a la yugular”, escribió el analista de El Comercio de Perú, Aldo Mariátegui.
