Tras las elecciones del 28 de junio, llegaron los tarifazos en la luz y el gas y, con ellos (que implican aumentos de entre el 500 y el 700 por ciento), no sólo llegaron cientos de quejas diarias a la Defensoría del Pueblo de la Nación, sino que el organismo realizó múltiples acciones judiciales por considerar ilegales las normativas que hicieron efectivas las subas.
"Desprolijidad, improvisación y falta de criterio aparecen aunados en el tratamiento de los usuarios de los servicios de gas y electricidad. Aclarados tales extremos, cuadra indicar que el actual escenario en los servicios de gas y electricidad es crítico. Ello toda vez que nos encontramos frente al peligro de inminentes cortes ante una eventual modificación de la situación judicial y existe una situación de desconcierto e incertidumbre que provoca reclamos permanentes por parte de los usuarios", destaca el informe de la Defensoría.
Los aumentos fueron aprobados el año pasado, pero habían sido congelados hasta las elecciones legislativas. Con las boletas de energía de este mes, llegaron las primeras sorpresas, sobre todo para aquellos usuarios que consumieron 1.000 Kwh o más, gracias a la resolución 628/08 del ENRE, con el que se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de las empresas Edenor, Edesur y Edelap.
Más grave aún es lo que sucede con el aumento del gas, que responde a un nuevo impuesto para cubrir la inyección de combustible del exterior cuando sea necesario garantizar el abastecimiento interno, sea a través de Bolivia o del gas natural líquido que llega por barco a Bahía Blanca. Lo pagan los hogares que consuman más de 1.800 metros cúbicos anuales y quedan excluidas las industrias y los comercios.
"La aplicación de tales normas derivaron en desmesurados aumentos en los valores de las facturas de los servicios de electricidad y gas, arrojando montos irrazonables desde el punto de vista económico; constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en nuestra Constitución Nacional", destaca el informe de la Defensoría nacional.
Por esta razón, el organismo promovió acciones judiciales cuestionando estas normativas. “Puntualmente, el cargo tarifario impuesto en el servicio de gas es inconstitucional toda vez que vulnera el principio de reserva de ley garantizado por la Carta Magna en la creación de tributos, competencia que está exclusivamente en cabeza del Congreso de la Nación en el ejercicio de la función legislativa”, informó en un comunicado.
Por otra parte, la Defensoría destacó que “existen fallos dictados por la Justicia Federal de las provincias de Salta, Jujuy, Chubut y Tucumán que habilitan a los usuarios a pagar las facturas del servicio de gas natural excluyendo el cargo cuestionado”. Y agregó: “Así las cosas, existe claramente una situación de desigualdad en el universo de usuarios del servicio de gas natural por redes”.
La Defensoría también presentó una medida cautelar por el incremento eléctrico y, según señaló en el informe, “la Justicia ordenó a las distribuidoras del servicio se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la falta de pago de las facturas emitidas en base a las Resoluciones discutidas en el pleito, hasta tanto se pronuncie la sentencia definitiva”.
