El Ministerio de Economía está terminando de definir con sus abogados en Nueva York la presentación ante el tribunal de apelaciones que le dio plazo hasta este viernes 29 para explicar cómo haría un eventual pago de los holdouts y fondos buitre que reclaman US$ 1.300 millones por sus títulos en default.
Los tres jueces –vistos con recelo por Economía por haber fallado en ocasiones anteriores a favor de los buitre– pidieron que se presente el detalle de la forma de pago “por escrito”. En el mercado especularon con que la oferta podría incluir títulos Par –sin quita–, que fueron ofrecidos en los canjes de 2005 y 2010 a los bonistas minoritarios.
“En la última audiencia, la propuesta de pago que presentaron tanto el abogado de la Argentina como los de los bonistas que aceptaron los canjes fue vaga”, analizó un informe del estudio Shearman & Stearling.
Representantes de los bonistas que se negaron a aceptar las ofertas anteriores reiteraron que esperan recibir un monto sin quitas, pero abrieron la posibilidad de aceptar un título como pago. La presidenta Cristina Fernández aseguró que el país hará una propuesta de pago, pero “bajo las mismas condiciones” puestas a consideración de los bonistas en la operación realizada en 2010 y algunos técnicos empezaron a trabajar en la reapertura de la llamada ley cerrojo, necesaria en el Congreso para poder entregar nuevos títulos a cambio de los que entraron en cesación de pagos en 2001.
La ley no permite ofrecer mejores condiciones a los bonistas que en los canjes anteriores, mientras que los demandantes sostienen que un pago en efectivo –como el ordenado por el juez Thomas Griesa– no generaría un problema con el resto de los acreedores porque no se trata de una “oferta voluntaria” del Gobierno, sino de un fallo judicial. En caso de que el fallo de los jueces de Apelación del Segundo Circuito neoyorquino, Rosemary S. Pooler, Barrington D. Parker y Reena Raggi sea contrario a la Argentina –no se definirá el mismo viernes, aunque los analistas esperan que no se extienda mucho más allá de un mes–, el Gobierno seguirá apelando. “La mejor solucion para los propios holdouts es un nuevo canje ya que en cualquier escenario judicial los holdouts no podrán cobrar”, ponderó el abogado especializado en deudas, Eugenio Bruno.
