El acuerdo Perú-Elliott, un caso testigo que estudian en Economía

Entre los casos que miran los negociadores argentinos para discutir un acuerdo en Nueva York con el fondo Elliott Management resalta la reestructuración de Perú con la misma firma, que con montos muy inferiores a los que están en juego para la Argentina terminó pagando 400% más de lo que había desembolsado el fondo buitre por los títulos del gobierno de Lima.
En 1996 el fondo de Paul Singer compró deuda peruana por un valor nominal de U$S 20 millones, aunque en realidad pagó US$ 11,4 millones. Después de una negociación –forzada ante la posibilidad de que, de lo contrario, el país entrara en default– cobró US$ 58 millones. Cualquier coincidencia con el caso argentino no es casualidad.
“Perú se estaba reinsertando en la comunidad financiera internacional y había una presión muy fuerte. Como estrategia de negociación, Elliott sabía que podía exigir el pago para que Perú no entrara en default y también sabía que era imposible que le pagara en efectivo, por eso aceptó bonos a más de diez años”, relató el economista peruano Alejandro Indacochea, de la Universidad Católica de Lima.
“Elliott cobró más de lo que demandaba porque lo único que quedaba pendiente para cerrar la reestructuración eran sus títulos”, explicó. La reinserción de Perú en los mercados financieros internacionales llevó más de diez años. El proceso también es conocido: embargos preventivos, sentencias a favor en tribunales de Manhattan aunque también en Bruselas y Luxemburgo. Con ese cuadro llegó septiembre de 2000 (el junio 2014 de Argentina) y Perú tenía que cumplir con un pago de intereses. Entonces, negociaba o entraba en default. En el toma y daca, Perú –de la mano de Carlos Boloña, ministro del gobierno de Alberto Fujimori– accedió a pagar los US$ 58 millones que reclamaba Singer en octubre. Y el 22 de noviembre renunció el gobierno. El caso incluyó, además, denuncias de corrupción porque el banco de inversión SBC –Swiss Bank Corporation–, que vendió sus títulos al fondo buitre, no podía, por contrato, negociar los títulos sin comunicarlo al gobierno de Perú. El asesor de Elliott en la operación fue un ex funcionario del Ministerio de Economía, Jaime Pinto