La escalada del dólar en el mercado paralelo no se frenó, y la divisa en el mercado informal se ubicó ayer en un promedio de $ 9,34 para la venta marcando una brecha con el oficial ($ 5,18) de 80%. Nuevamente las luces de alerta se encendieron en el Gobierno que, a través del Banco Central, intenta controlar más el acceso a dólares por parte de los argentinos que viajan a otros países. Se supo que pedirá a quienes realizaron extracciones de efectivo en el exterior a lo largo de 2012 un detalle de las operaciones y el destino que tuvieron las divisas obtenidas en cajeros automáticos.
En el marco de un escenario cambiario absolutamente restringido, el dólar blue avanzó un 37% en lo que va del año, y el contado con liquidación –costo que los inversores pagan por dolarizarse en el mercado de capitales– llegó a $ 9,16 en la plaza local. La disparada coincidió con el pedido del Estado a los bancos de mayores detalles de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito fuera del país, específicamente, aquellas referidas a la extracción de adelantos en efectivo por medio de las terminales.
De acuerdo con el Banco Central, la solicitud de mayores detalles se basa en la investigación de “infracciones” en materia cambiaria. Fuentes oficiales reconocieron que el Banco Central intenta saber si las divisas extraídas se usaron “para pagar consumos o cancelar el saldo en moneda extranjera de la tarjeta de crédito”.
La sospecha del equipo de Mercedes Marcó del Pont es que se realizan retiros de efectivo “para atesorar”, aun cuando los viajeros argentinos hayan tenido la buena fortuna de contar con una autorización de la AFIP para comprar moneda extranjera al tipo de cambio oficial.
“No se puede atesorar”, insistieron fuentes del Banco Central a PERFIL.
El pedido de la entidad tiene lugar a casi un año de la prohibición de compra de divisas para atesoramiento, y responde a que el uso del adelanto con tarjeta de crédito para hacerse de moneda extranjera en el exterior registró una fuerte suba en los últimos meses.
Por este motivo, se requerirá a los clientes bancarios “el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito con la que se hayan efectuado las extracciones de efectivo en el exterior, correspondiente a los períodos septiembre, octubre y noviembre de 2012”, según una nota que está llegando a los hogares.
También se pedirá una “copia de los comprobantes que acrediten la forma de cancelación de los consumos correspondientes a los períodos citados en el apartado anterior (débito en cuenta, efectivo, etc.) y el tipo de moneda en que se efectuaron los pagos”, indica el texto del Banco Central.
Finalmente, quienes acudieron a los cajeros para obtener efectivo deberán presentar una “declaración jurada respecto de la cantidad y destino de los fondos en moneda extranjera extraídos” y una “copia de los respectivos comprobantes respaldatorios”.
En algunos casos, el Central podrá solicitar comprobantes “demostrativos del reingreso en el mercado local de cambios”.
En el Gobierno aseguraron a este medio que “después se evaluará en cada caso si puede corresponder algún tipo de sanción”. Y subrayaron: “El adelanto con tarjeta de crédito es para casos de emergencia”. Las cartas comenzaron a llegar esta semana para los que hicieron fuertes extracciones y reiteradas en el exterior.
Por otro lado, la CNV siguió de cerca las operaciones de los inversores locales para hacerse de dólares mediante la compra de instrumentos financieros que también cotizan en el exterior (“contado con liqui”). Fuentes del ámbito bursátil advirtieron sobre la posibilidad de que el Gobierno tome próximamente medidas para desalentar esta estrategia como la extensión del plazo de 72 horas a una semana o hasta treinta días. Para los analistas del mercado, tal determinación podría provocar una parálisis del flujo normal de negociación, aumentaría la incertidumbre y volcaría mayor presión en el mercado paralelo.
La AFIP también buscó contribuir a la búsqueda de dólares con 27 allanamientos esta semana para desarticular “una banda dedicada a la creación de firmas pantalla para ingresar granos no declarados en el circuito formal”, con lo que se detectó una evasión fiscal superior a $ 200.000.
