Los indicadores financieros revelan que el “veranito” tras la asunción del dúo Capitanich-Kicillof quedó atrás. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue vuelve a subir, el riesgo-país aumenta, la cotización de las acciones se estanca y las reservas internacionales no dejan de caer.
Hace casi dos meses el Gobierno había logrado situarse nuevamente en el centro de la escena luego de los resultados electorales adversos. La llegada del nuevo equipo había permitido oxigenar las expectativas que venían muy golpeadas por la falta de respuesta a los problemas más evidentes.
Con el cambio, la Presidenta Cristina Kirchner despejaba varios interrogantes. Detrás del discurso que sostenía la profundización del modelo, se escondía una lectura pragmática del resultado de las urnas. El giro hacia la moderación era necesario para administrar la transición a 2015 y el desplazamiento de Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio dotaba de entidad al proceso.
En rigor, la mejora de humor respecto de la Argentina había comenzado mucho antes. El caudal de votos de Sergio Massa en las PASO de agosto del año pasado le puso fecha de vencimiento efectivo al kirchnerismo, hecho que rápidamente se tradujo en una fuerte recuperación de los activos financieros.
El índice de acciones, Merval, que refleja el valor de las empresas argentinas, aumentó más de 50% entre el 11 de agosto y el 27 de octubre de 2013 (fecha de las elecciones legislativas).
Estos brotes verdes habían sido acompañados por distintas medidas “ortodoxas” bajo los estándares oficiales.
En julio, YPF firmó un acuerdo con Chevron para invertir US$ 1.500 millones en Vaca Muerta. En octubre acordó con el Banco Mundial créditos por US$ 3 mil millones para infraestructura, empleo y educación, y reconoció en el CIADI el pago de indemnizaciones a cinco empresas. Eran postales de un gobierno que buscaba reconstruir los puentes con la comunidad internacional.
El nuevo tridente económico (el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega) ratificaba este rumbo, exhibiendo mayor cohesión y autonomía, frente al equipo saliente. Estos atributos básicos eran un punto de partida necesario para lidiar rápidamente con dos temas clave: la pérdida de reservas y la inflación.
Además, a fines de noviembre, el nuevo equipo pudo capitalizar el acuerdo alcanzado con Repsol por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, atizando el optimismo respecto de esta nueva etapa.
El flamante gabinete también entendió que con una brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue en ascenso era imposible frenar la caída en las reservas. Comenzó entonces un juego de pinzas, acelerando la devaluación e interviniendo en el mercado para que no se dispare el paralelo. Lejos quedaron los temores a un desdoblamiento cambiario, que se habían disparado con la asunción del nuevo ministro de Economía. Para “ahorrar” reservas, se restringieron ciertos usos de las divisas, pero no se avanzó en ese experimento traumático. En cambio, aumentaron los tributos al turismo y la importación de autos de alta gama.
El nuevo equipo económico contaba con el voto de confianza de gran parte de la sociedad y estaba avanzando sobre uno de los problemas más urgentes, la pérdida de dólares. Pero la luna de miel fue corta. Cuando llegó el tiempo de avanzar sobre las causas más estructurales, todos los atributos se desdibujan.
La inflación se acelera y el Gobierno insiste con los acuerdos de precios. Con mejores modales, es cierto, recurre a una receta cuyo resultado es descontado por toda la sociedad.
Ocho años con suba de precios por encima de 20% generan una inercia imposible de frenar sin un plan antiinflacionario integral o en secreto. Para peor, los antecedentes de la pérdida de salario real (24% de suba salarial promedio contra 27% de inflación) y las subas alcanzadas por las fuerzas de seguridad el año pasado aseguran paritarias muy calientes.
En el frente fiscal, las familias empiezan a comprender que todas las salidas implican un ajuste. Si el Gobierno opta por reducir el ritmo de crecimiento del gasto, deberá acelerar la suba en las tarifas de los servicios públicos. Los incrementos en los boletos y los combustibles son sólo anticipos de lo que vendrá. El colapso de la provisión eléctrica pone en evidencia la profunda descapitalización de la infraestructura con la que se tendrá que convivir por muchos años. En el balance final, tarifas más elevadas para los mismos servicios deficientes.
Las idas y vueltas con el impuesto a los bienes personales desnudan la intacta voluntad oficial de seguir aumentando la presión fiscal. Para la clase media es un nuevo golpe a un bolsillo deshilachado. Lo que se está percibiendo es que 2014 será el año en el que el Gobierno va a trasladar el costo de sus ineficiencias al sector privado.
En este marco, es lógico pensar que los indicadores económicos más sensibles a las expectativas pierdan impulso. Se percibe que el Gobierno está ajustando, pero sin plan.
* Economista. Director de Analytica.
