El paso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado miércoles por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el aniversario 159º de la institución, dejó tras de sí el decreto reglamentario 1023 de la nueva Ley de Mercados de Capitales, pero también generó inquietud en empresarios que empiezan a analizar formas de blindarse de posibles medidas del Estado, como por ejemplo dejar de cotizar en el mercado.
Para sorpresa de empresarios y en un año en el que varias empresas decidieron retirar su oferta de acciones del mercado, sólo se reglamentaron 43 de los 156 artículos de la norma, en los que se dieron más detalles sobre temas sensibles para el conjunto de los empresarios respecto del poder de intervención que la Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá en el interior de las empresas cotizantes, en especial en aquellas donde el Estado tiene participación.
Sucede que tras la nacionalización de las AFJP, el sector público tiene presencia en 42 empresas a través del fondo de inversiones de la Anses, entre ellas Siderar, Molinos y Banco Macro. Con la reglamentación del artículo 20 –que despertó polémica desde su incorporación poco antes de la sanción en el Congreso en diciembre pasado y que establece que el organismo presidido por Alejandro Vanoli podrá intervenir empresas cotizantes de oficio o a pedido de accionistas– quedó establecido que el organismo podrá actuar cuando se vean afectados los intereses de los inversores que alcancen 2% del capital total de la firma. Y el Estado cumple esa condición en unas 37 compañías en las que tiene presencia, entre ellas Grupo Clarín, del que posee 9%.
Para un grupo de agentes de bolsa que escucharon atentamente a la primera mandataria en el recinto de la Bolsa, “la posibilidad de que el Estado pueda intervenir una empresa, podría alejar a las compañías del mercado, justamente lo que se quiere evitar con el nuevo mercado”.
Federico Tomasevich, presidente de Puente y uno de los grandes ausentes de la velada, resumió días después: “En líneas generales, la nueva ley es muy buena, está en sintonía con las normas que rigen en otros mercados. Sin embargo, creo que el artículo 20 es poco feliz, porque pone en riesgo el interés de los accionistas mayoritarios de cualquier empresa por la voluntad del 2%”. Otros directivos presentes en el acto en la Bolsa pusieron el acento en que el avance del Gobierno se conoce un año en el que varias empresas se van y poco se habla del desembarco de otras.
Carlos Donantueno, asesor financiero, detalló cuáles son las empresas que están optando por el retiro total de la oferta pública, algo que en la jerga llaman comúnmente “desenlistarse”, un escenario mirado de reojo por varios protagonistas del mercado que podrían elegir ese camino para evitar quedar expuestos a los designios del Estado según el artículo 20.
El primer caso es la imprenta Grafex SA que informó que, “como consecuencia de las recientes regulaciones, la compañía debió incorporar nuevos procesos para responder a las exigencias de la CNV, lo que ocasionó costos que determinaron dejar de cotizar”. Otro caso es el de la Compañía de Inversiones de Energía SA (Ciesa) que canceló obligaciones negociables por más de US$ 200 millones y el 24 de julio solicitó a la Bolsa de Comercio y a la CNV la cancelación del régimen de oferta pública.
La autopartista Pertrak SA anunció el 18 de junio que se retira del mercado y aduce que la crisis de 2008 y el actual atraso cambiario complicaron sus actividades. Cerámica San Lorenzo SA también tiene por objetivo la salida definitiva de la Bolsa y “anunció una Oferta Unilateral de adquisición por el 2,021% en manos de accionistas minoritarios”, dijo Donantueno y agregó que también Boldt Gaming SA inició el pasado junio una Oferta Pública de Adquisición con el fin de desenlistarse. A su vez, empresas de gran tamaño realizaron recompras parciales de sus acciones este año (YPF, IRSA y Telecom).
Pero a diferencia de las anteriores, se trató de prácticas habituales por fluctuaciones del mercado derivadas del turbulento contexto internacional.
