Tres fondos buitres, que rehusaron ingresar en los canjes de deuda previos, presentaron ante la Justicia de Nueva York un nuevo pedido de embargo de activos locales en la Reserva Federal de Nueva York contra la República Argentina, en reclamo de una deuda por 230 millones de dólares.
El pedido de pedido de ejecución de sentencia fue presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por parte de los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y Baindridge Capital, y llega en momentos en que el Gobierno define tras las elecciones la negociación con el FMI.
La solicitud fue realizada ante la jueza Loretta Preska, la sucesora del juez Thomas Grieza en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde están radicados la mayoría de los reclamos de los holdouts contra la Argentina.
A mediados de 2020, Preska falló a favor de Attestor Master Value y Trinity Investments, a los que Argentina debía pagarles US$67,9 millones y US$156,3 millones, respectivamente.
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Los fondos reclaman embargar los activos que la Argentina tenga en la Reserva Federal de Nueva York, y fue realizado directamente con el formato de "orden de ejecución", lo que podría significar que ya fue otorgada la autorización judicial para el embargo y que ahora los fondos estarían buscando que se concrete el pago.
Los fondos distressed o holdouts, más conocidos como fondos buitre, son fondos de capital riesgo que compran deuda de economías en problemas, cercanas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de esa deuda, además de los intereses por los años adeudados, sin atender a reestructuraciones o quitas.
Los expertos explican que el campo de acción de los holdouts abarca tanto a países con situaciones financieras críticas como a empresas con graves problemas económicos. Su principal objetivo es comprar activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o medio plazo, se venda a otros inversores para conseguir altas rentabilidades.
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La mayoría de los fondos buitres con tenencias de bonos argentinos en default entraron en los canjes de 2005, 2010 o en la propuesta de pago que les hizo el gobierno de Mauricio Macri en 2016, pero hubo un pequeño grupo de fondos que no entraron en ninguna de aquellas propuestas, ya sea porque no las aceptaron o bien porque en aquel momento no calificaban para cerrar un acuerdo.
Según el economista Sebastián Maril, a principios de este año la Argentina había elevado su informe anual ante la Security Exchange Commission (SEC) de Wall Street, en el cual computaba casos abiertos por 550 millones de dólares. Explicó que en febrero último los tres fondos encabezados por Attestor pedían a la jueza Preska autorizar un pedido para determinar cuáles eran los activos argentinos.
El abogado que representa a los fondos es Dennis Hranitzky, quien en su momento representó al fondo NML-Eliott Capital Management para embargar a la Fragata Libertad en Ghana.
