La designación de un empleado público implica comprometer unos $40 millones del Estado, estimó un informe privado, el cual advirtió que la prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en ese sector "no resuelve los problemas ligados con la sobredotación y baja profesionalidad".
"La prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en el Estado tiene un valor simbólico", consideró el estudio, el cual evaluó que "también denota impotencia frente a las dificultades para profesionalizar al Estado".
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), "la norma no resuelve los problemas ligados con la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público".
El documento apunta a cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado y señaló que si se toma como ejemplo "un empleado público provincial que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad", a lo largo de su vida activa "habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones".
"Cuando se jubile, habrá que pagarle $17 millones más precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca", calculó y subrayó que, de ese modo, "designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones".
Por ello, el estudio analizó que esos datos son "aproximados, pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado". "Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad, una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia", afirmó IDESA.
Además, resaltó que esa modalidad de gestión de los recursos humanos "desnuda las inconsistencias de las normas que rigen en el Estado". "Para revertir las malas prácticas en la gestión de los recursos humanos, un paso importante serían los mecanismos de transparencia de las designaciones", recomendó.
