La Dirección General de Aduanas (DGA) fiscalizará a 500 empresas que importaron mercadería sobre la cotización del dólar oficial a través de medidas cautelares. Según una investigación de Ámbito Financiero, en el último año y medio el Poder Judicial otorgó unos US$1.800 millones a través de más de 10.500 cautelares.
Ahora, a esos importadores, se les pedirá que justifiquen qué hicieron con la mercadería por la que invocaron esa urgencia y que presenten la documentación relativa a la operación comercial, las transferencias realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras cosas.
El objetivo es imponer medidas de control específicas en las empresas en que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada donde las firmas actuaron con fines de especulación o ilegales. Algunas de las maniobras más comunes son la sobrefacturación y la triangulación de mercadería para beneficiarse de la brecha cambiaria.
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No obstante, como reveló el medio citados, existen otras prácticas mucho más modernas como el “alquiler de cautelares” en las que empresas que obtienen una medida en un juzgado para poder importar bienes con licencias no automáticas la ceden a otra firma, con la que no tienen relación alguna, para liberar mercadería y obtener los dólares del BCRA.
¿Qué sanciones podrían recibir las empresas?
Desde la Aduana aseguraron que el marco legal incluye como sanción la eliminación del registro de agentes del comercio exterior, y destacaron que “la acción del organismo se da luego de realizar una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias”.
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Las empresas deberán presentar documentación relativa a la operación comercial, transferencias de titularidad realizadas, detalle de giros de divisas y destino dado a la mercadería, y deberán explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; y en este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.
¿Qué documentación deberán presentar las firmas intimadas?
Las empresas deberán presentar documentación relativa a la operación comercial, transferencias de titularidad, detalle de giros de divisas, así como el destino de la mercadería importada. Asimismo, deberán explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido y en caso de que fuese así, deberán informar el valor de venta en el mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.
La notificación otorga un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada. En tanto, en caso de incumplimiento, “la inconsulta será considerada incurra en la figura prevista y penada por el artículo 994 incisos A y B del Código Aduanero”, señalaron.
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Se trata de una norma que prevé apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.
De acuerdo con la investigación del citado medio, a lo largo de 2021 y hasta mayo de 2022 se aprobaron más de 10.500 medidas en favor de los solicitantes. La administración del comercio a cargo de la Justicia en ese lapso trajo como consecuencia la salida de unos u$s1.800 millones de las reservas.
SE / LR
