El juez Thomas Griesa está dispuesto a dejar que la Argentina salga del default. Para esto, ayer aseguró en una orden que podría levantar las medidas cautelares que impuso a pedido de los fondos buitre con la condición de que el Congreso derogue la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. Además, sostiene que la Argentina deberá cumplir todos los acuerdos con los bonistas que acepten la oferta hasta el 29 de febrero. Hasta el momento en las mediaciones con el ‘special master’ Daniel Pollack se firmaron acuerdos por US$ 1.200 millones sobre el total de US$ 6.500 millones que estimó el equipo de Finanzas, a cargo de Luis Caputo.
De todas formas, Griesa aclaró que “no tiene jurisdicción” sobre la decisión porque el caso está en proceso de apelación y pidió a la Corte de segunda instancia que acepte su decisión. “Si la Corte de Apelación autoriza a esta corte a que garantice el pedido de Argentina para eliminarla, la cautelar será automáticamente levantada” si se cumplen las condiciones, escribió.
Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que la orden de Griesa no implica pagar el 29 de febrero y señalaron que se buscará que el Congreso trate las leyes Cerrojo y de Pago Soberano “lo antes posible”. En ese marco, anoche en la Jefatura de Gabinete analizaban también una convocatoria para llevar el proyecto a las sesiones extraordinarias.
Si repone el ‘stay’, la medida de no innovar, la Argentina podrá cursar los pagos a los bonistas reestructurados, los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y dejar atrás el “default técnico” al que se llegó por orden del mismo Griesa.
Así, el juez anularía el reclamo de “trato igualitario” o pari passu, por el que debía pagarle a los litigantes cada vez que quisieran cumplir con otra obligación. Desde el Gobierno evaluaron que de esta forma el juez le resta fuerza a los argumentos de los principales fondos buitre, que hasta ahora se mostraron más duros a la hora de aceptar la oferta argentina.
Ayer fue turno también de la presentación de la Secretaría de Finanzas en respuesta al pedido de NML Capital y Aurelius, entre otros, que reconocieron el cambio de postura de la Argentina con la gestión de Mauricio Macri pero consideraron que la oferta presentada por Hacienda el 5 de febrero era un “ultimátum”.
“La propuesta es una propuesta, no un ultimátum”, respondió el Gobierno a través del nuevo estudio de abogados, Cravath, Swaine & Moore. “Cualquier demandante es libre de rechazar la propuesta de la República para tratar de negociar un acuerdo distinto o de continuar presionando sus reclamos en la Corte”, agregó en referencia a los buitres liderados por Paul Singer.
En el escrito, la Argentina le señaló a Griesa que “las cautelares se impusieron “no literalemente para que se cumpla la cláusula de pari passu sino para poner fin a la conducta de la Administración
anterior” frente a la negociación.
En ese marco, desde el área a cargo de Alfonso Prat-Gay argumentaron que “continuar con las cautelares generaría un perjuicio para los demandantes que llegaron a un acuerdo y a otros bonistas que aspiran a una resolución”.
El stay, además, permite al país volver a los mercados de deuda internacionales sin enfrentar el riesgo de embargos por parte de los fondos buitre, una condición necesaria para el pago a los mismos holdouts. En la oferta del Gobierno se estableció que para el pago de los US$ 6.500 millones, el Gobierno deberá emitir deuda. Si bien a los bonistas se les pagará en efectivo, el ‘cash’ saldrá de las nuevas colocaciones en el mercado. Más allá del nivel de reservas del Banco Central, la Argentina argumentó que no puede disponer de estas divisas libremente, dejando de lado así la teoría de que el Central es un alter-ego del Estado Nacional.
En el día del cumpleaños de Cristina Fernández, Griesa ahora consideró que el bloqueo a los pagos del país como “en detrimento del interés público” por el cambio de administración en Argentina y la decisión del nuevo gobierno de llevar negociaciones efectivas en el marco de la mediación de Daniel Pollack. “Dicho simplemente, la elección del presidente Macri cambió todo”, señaló Griesa. “La República mostró buena voluntad para negociar con los holdouts”.