La audiencia que sostuvo ayer el juez Thomas Griesa con los representantes legales de los fondos buitre y del Estado argentino fue la más predecible y dura de las que se llevaron a cabo hasta el momento, y concluyó apenas unas horas antes de que se conociera que el gobierno de los Estados Unidos no aceptará someterse al tribunal internacional de La Haya, estrategia que la presidenta Cristina Kirchner impulsó esta semana para frenar las decisiones del juez.
En Nueva York, Griesa apuntó de lleno al accionar oficial, que durante la semana publicó en los principales medios de prensa solicitadas en las que, según su parecer, “contenían declaraciones engañosas y desconocían su fallo”.
El juez, cuya sentencia quedó firme y determina el pago del 100% de la deuda que reclaman el NML Elliot, fue contundente: “El tribunal advierte nuevamente sobre nuevas declaraciones falsas y engañosas de la República Argentina y entiende que esa advertencia será oída. Si no lo es, será necesario considerar desacato al tribunal”, advirtió al abogado que representa a Argentina, Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gottlieb, presente en la sala.
Otro de los dichos de Griesa, cuyo accionar fue cuestionado por el país ante La Haya al igual que el mediador Daniel Pollack, luego ratificado en su cargo, también se dirigió a Blackman. Le pidió que le dijera al Gobierno que deje de “engañar” con los avisos que publica en la prensa referidos al default.
Blackman tomó distancia y argumentó que el estudio “no había tenido nada que ver” con los avisos que publica el Gobierno. El magistrado reiteró su pedido de que la Argentina mantenga sus negociaciones con Pollack, situación que ya había sido rechazada por el país.
La respuesta del ministro de Economía, Axel Kicillof, no se hizo esperar y repitió que Thomas Griesa “no resolvió nada, sólo aporta confusión”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa, en la que aseguró que el Gobierno “seguirá trabajando”, mientras que el mediador Daniel Pollack aseguró a través de un comunicado, después de la audiencia con Griesa, que está dispuesto a seguir reuniéndose con las partes. “De acuerdo con las instrucciones de la Corte, seguiré trabajando para encontrar una solución a los asuntos que dividen a las partes”.
Sin embargo, el camino legal a través del tribunal de La Haya al que apostó el Ejecutivo nacional se vio truncado.
Un vocero del Departamento de Estado norteamericano dijo que dicho tribunal “no es una vía adecuada para tratar el tema” y que “la Argentina deberá sentarse a negociar con sus acreedores”, según difundió AP.
Si bien desde el Gobierno esperarán que se oficialice la declaración antes de responderla, un comunicado del Ministerio de Economía anoche señala que “el Juez Griesa insiste en presionar a la República Argentina para que realice ofertas en violación de sus leyes”.
Los ‘me too’. Los tenedores de bonos en default desde 2001 que buscan recibir el mismo trato que NML y compañía, los “me too”, empiezan a materializarse. Un centenar de holdouts italianos presentó una moción ante Griesa para que “instruya al Bank of New York a que gire los $ 539 millones que posee a nombre de la República Argentina o lo que sea suficiente para satisfacer el reclamo de los demandantes”, de acuerdo con la moción presentada el 7 de agosto.
Ahora el nuevo grupo de holdouts italianos reclama unos US$ 210 millones, según explicó a PERFIL el abogado Rudolph Di Massa. “En principio, reclamamos lo mismo que se le garantizó a NML pero estamos dispuestos a negociar. Estaríamos más que felices de negociar”, señaló.
Por otra parte, el abogado buscó diferenciar a sus clientes de los grandes fondos litigiosos. “Mis clientes no son buitres. Compraron sus títulos a precios de mercado y muchos son mayores de 80 años y tienen problemas financieros”, indicó. El pedido entró el jueves al juzgado de Griesa y todavía no hubo respuesta. Según aclaró Di Massa, este grupo no está vinculado con los holdouts italianos que mantienen un reclamo en el Ciadi, el tribunal de diferendos de inversión del Banco Mundial, que reclaman, por su parte, otros US$ 2 mil millones por sus títulos del default de 2001.
