Convertido en supersecretario de Comercio a partir de la designación de su colaboradora directa, Beatriz Paglieri, como titular del área de Comercio Exterior, Guillermo Moreno volvió a amenazar con aplicar la Ley de Abastecimiento sobre las petroleras que no entreguen “en 48 horas” documentación estratégica de cada empresa: balances de los últimos tres años, datos de producción de hidrocarburos desde 2007 a la fecha, inversiones previstas para 2012, y costos operativos desagregados por cada producto, entre otros ítems.
La presión del funcionario se hico extensiva también sobre automotrices y bancos. Y contempla una novedad: alejado de su modus operandi convencional, que esquiva los documentos escritos y prefiere la oralidad para presionar a sus interlocutores, esta vez Moreno presentó –a través de notarios públicos– pedidos en las principales petroleras del país –YPF, PAE, Tecpetrol, Pluspetrol, Total, Sinopec y Chevron, entre otras– para conocer los estados contables y de producción de las operadoras de hidrocarburos.
En esa carrera, tal como lo había hecho en 2010 para garantizar el suministro de combustibles, volvió a blandir la Ley de Abastecimiento, que otorga al Gobierno la potestad de fijar precios máximos y márgenes de utilidad, y prevé condenas penales para los directivos que no respeten esas medidas. A su vez, el secretario desempolvó otra norma de la última dictadura, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, que contempla multas de más de $ 500 mil para los empresarios que no entreguen en tiempo y forma la información requerida.
