En la Argentina hay 122 conflictos por tierras con las comunidades indígenas según el último mapeo que realizó Amnistía Internacional. Si extienden los reclamos que muchas veces se superponen por violencia o conflictos ambientales, la cifra llega a 183.
La mayoría de los reclamos (36) están en la Patagonia aunque también en el Noreste y Noroeste, pero también hay una numerosa demanda de tierras en la provincia de Buenos Aires.
En el informe de la ONG, el relator especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, sostiene si bien existe un número importante de leyes y programas nacionales y provinciales en materia indígena, “persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.
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En Chubut, en la zona cercana a Esquel, el conflicto con Benetton resurgió en 2015. El 13 de marzo de ese año, Lof en Resistencia avanzó en la recuperación de un territorio en Cushamen donde está la estancia Leleque de la textil italiana, lo que originó la denuncia de Compañía de Tierras del Sur Argentino en la Justicia local por usurpación de territorio.
“Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó comunicado del Lof Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
La situación económica y de condiciones de vida es deficiente, incluso para los que tienen “vivienda particular”, según los datos del último censo de población indígena del Indec, de 2010. De los 955.032 con acceso a la vivienda, la mitad no tiene cobertura de salud.
Desde Benetton, por su parte, le apuntan a la Justicia de Chubut por la falta de investigaciones y destacan su aporte económico a la región. “CTSA emplea a 130 personas de forma directa y paga unos US$ 2,1 millones en sueldos –trabajadores directos e indirectos–. El impacto económico regional anual es de US$ 3 millones”, detalla la ficha oficial sobre la actividad en Estancia Leleque.
De la conservación a la producción La familia Benetton lidera el ranking de terranientes extranjeros pero hay varios nombres conocidos en el resto de los puestos. Uno de ellos es el magnate británico Joe Lewis, que compró 12 mil hectáreas cerca de El Bolsón, en Lago Escondido.
Mientras que las tierras productivas de Benetton tienen un valor estimado de US$ 300 a 400 por hectárea, las de Lewis, más cercanas a la Cordillera, con bosques, arroyos y lagos, pueden valer unos US$ 800 o más. “Las productivas estuvieron amesetadas en valor pero las tierras con bosques duplicaron su valor en los 90 por la demanda”, aseguró un especialista inmobiliario de la zona.
El abogado ambientalista Enrique Viale viene denunciando que “Lewis compró esas tierras en forma fraudulenta” y que el Gobierno no lo investigó por “su amistad con el presidente Mauricio Macri”. Así lo señaló en una entrevista con la revista El Federal.
En el país sólo un 5,93% sobre un total de 267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras actividades, está en manos extranjeras, según los datos oficiales. El año pasado Macri flexibilizó por decreto la ley de tierras rurales para facilitar la entrada de fondos del exterior.
El empresario Douglas Tompkins, fallecido en 2015, llegó a tener 400 mil hectáreas, de las que donó 130 mil al proyecto Iberá en Corrientes. Ted Turner, el magnate televisivo, tiene unas 10 mil.
