El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo con la misión de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, volvió a colocar a la Argentina en la denominada “lista gris” que integran los países que presentan serias deficiencias en sus políticas de control sobre negocios y mecanismos de financiamiento ilegales.
En un comunicado, el grupo multilateral aseguró ayer, al cierre de su plenario en París, que la Argentina aún debe realizar correcciones para responder a las expectativas de los estándares internacionales de control.
Tributaristas explicaron a PERFIL que no los sorprendió la decisión del organismo de mantener al país en este nivel de disconformidad. “De las 49 recomendaciones que dio el GAFI este año, no se cumplía con el 80%”, apuntó un especialista, quien de inmediato destacó que “se trabajó mucho en la normativa pero evidentemente no alcanzó”.
Los especialistas, que pidieron reserva de su nombre, señalaron que la principal dificultad que ven es el accionar de la Unidad de Información Financiera (UIF), liderada por José Sbatella quien viajó a Francia y recibió la mala noticia.
“La UIF no está actuando conforme a lo que se espera de un organismo de control; de hecho, informalmente pidieron a los bancos que no realicen los reportes de operaciones sospechosas para alentar el blanqueo de capitales, en forma contraria a los requisitos internacionales”, relató otro especialista.
La UIF es hoy un organismo “demasiado politizado, que es utilizado para presionar y en varias reuniones demostraron que algunos de sus funcionarios no están a la altura del nivel de formación técnica requerida para esa entidad”, explicó y recordó que Uruguay logró salir de esa misma lista luego de firmar acuerdos de intercambio de información financiera con la Argentina.
Sin embargo, en el territorio nacional, los planteos que hicieron los analistas internacionales –principalmente de los EE.UU., Alemania y Gran Bretaña– acerca de que el blanqueo de capitales dispuesto por el Gobierno permite que ingresen al sistema dólares provenientes de actividades delictivas, no fueron resueltos por la administración local. Por el contrario, y a pesar las recomendación del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, de no extender la medida, la prórroga hasta enero de 2014 cayó muy mal en París.
Así, las críticas sobre la falta de cooperación de la Argentina sobre los problemas de lavado en la región, no se hicieron esperar.
“Si se trabaja duramente en las normas, pero luego se observan presiones que van en el sentido contrario, es evidente que algo no está funcionando”, opinó otro especialista que agregó que, “a partir de que se quiso incorporar a terceros como abogados, contadores y bancos a este control de lavado, se dejó en evidencia que la UIF no tiene, como debería, equipos que trabajen e investiguen seriamente las operaciones sospechosas y se ordene y sistematice la información. No hay que olvidar que detrás de cada acto de corrupción, hay una operación de lavado”