ECONOMIA
Enfrentamiento

La guerra del azúcar enfrenta a Tucumán y Córdoba

Una ordenanza cordobesa limitó el consumo de este producto y la provincia de Juan Manzur expresó su rechazo.

Los sobres de azúcar no pueden estar en las mesas en Córdoba.
Los sobres de azúcar no pueden estar en las mesas en Córdoba. | c.pxhere.com

El Concejo de Córdoba aprobó una ordenaza para restringir el consumo de azúcar. Entre otras medidas, se estableció que en los bares hay que pedir el sobre (como pasa con la sal) y no podrán vender sólo gaseosas y jugos en los eventos públicos, sino que también deberán ofrecer agua y bebidas sin azúcar.

Esta decisión molestó a la provincia de Tucumán, cuya principal actividad productiva se focaliza en este endulzante. El gobernador Juan Manzur reunió a toda la industria azucarera y desde la oposición, entre los que se encuentra el radical de Cambiemos José Cano, expresaron su rechazo a la ordenanza cordobesa y solicitaron la intervención del Ministerio de Agroindustria de la Nación en este asunto.

La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez presentó en la Cámara Alta un proyecto de declaración en contra de la ordenanza, según informó el sitio de La Voz.  La Presidencia de la Legislatura de Tucumán convocó a una sesión especial para mañana para tratar sólo esta cuestión

El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, resaltó que se trata de una ordenanza que puede marcar un precedente negativo para la industria azucarera sobre todo  por el debate abierto sobre el consumo del producto en el país. “Esto empieza aquí y luego no sabremos dónde terminará. Por eso es la reacción”, argumentó. 

Manzur encabezó ayer en la Casa de Gobierno tucumana un encuentro con los representantes del sector azucarero y anunció que envió a la Legislatura el decreto del 11 de septiembre por el que instruye a la Fiscalía de Estado “a iniciar acciones legales para la protección y defensa de los intereses de la provincia de Tucumán” para que sea ratificado por el cuerpo. 

El gobernador amplió que Tucumán planteará en la Justicia de Córdoba la inconstitucionalidad de la ordenanza bajo el argumento que “se afecta la libre elección del consumidor” porque se ataca “sólo uno de los hidratos de carbono”, los cuales, a su entender, deberían tener todos el mismo tratamiento.