A pesar de crear un fondo de asistencia por $500 millones, la ley sancionada para atender la emergencia agropecuaria por la sequía será recordada por el veto que recibió la quita de las retenciones para los productores más castigados de 37 distritos bonaerenses establecida en su cuarto artículo.
En rigor, la exención total o la disminución del 50% en los derechos de exportación de esos chacareros, según su encuadre de explotación en zona de desastres o emergencia, tenía un costo bajo para el Gobierno y por un tiempo limitado. Se calcula un monto de u$s 200 millones en los seis meses de duración que hubiera tenido la medida excepcional, acotada sólo a una determinada ubicación geográfica, contra una recaudación semanal promedio sólo por retenciones a la exportación de granos y subproductos de u$s 85 millones. Esa es la cifra que dejaría de percibir el Estado tras la decisión de la Mesa de Enlace de decretar un nuevo paro, en cuanto dejen de llegar productos a los acopios y las cerealeras.
Prolongada en el tiempo -algo que se teme pueda volver a suceder tras el antecedente del año pasado del largo paro por tiempo indefinido- en menos de tres semanas el Gobierno dejaría de recaudar lo mismo que le acaba de negar al sector en la provincia de Buenos Aires.
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