La opción de “aguantar hasta enero” para pagar la sentencia parece alejarse. En la pelea entre el Gobierno y los fondos buitre, las posiciones se tornaron más duras, de los dos lados.
Por eso en el Palacio de Hacienda se baraja la posibilidad de convocar a una negociación general en enero, con todos los holdouts, incluidos NML Capital, Aurelius y el resto de los bonistas que tienen sentencia a favor para cobrar unos US$ 1.600 millones.
Además, Paul Singer, el dueño del fondo buitre NML y de Elliott Management, encabeza una estrategia legal para, justamente, evitar que lo sienten en la misma mesa que a los holdouts que no tienen sentencia, conocidos como “me too”, los que también quieren el trato que obtuvieron NML y compañía. Pero para el Gobierno el objetivo es cerrar un acuerdo con el total del 7% de los tenedores de bonos del default de 2001.
Las propuestas de “pagar en enero” que también llevó la oposición al debate por la ley de pago local de la deuda, tampoco prosperan bajo esta posición. Ya en su momento –tras un cara a cara en Nueva York en el despacho del mediador Daniel Pollack– Kicillof le habría advertido a los buitres que iban a tardar en cobrar.
Así también se demora la posibilidad de que ingresen “dólares frescos”, por lo que en Economía siguen apuntando a China. Si se soluciona el conflicto con los buitres una vez vencida la cláusula RUFO en enero –que no permite pagar más a los holdouts que a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010–, la estimación que se maneja en Economía es que podrían ingresar unos US$ 8 mil millones. “Pero si se prolonga, seguirá la dependencia del swap con China”, reconocieron.
Mientras tanto, la estrategia seguirá en los foros internacionales, como en Naciones Unidas, donde la semana pasada se aprobó un proyecto para crear un marco legal para reestructuraciones de deuda que, pese a los 124 votos a favor, los 11 que votaron por la negativa pesan más: Estados Unidos, Alemania o Japón, donde “no va a aplicarse la resolución”, son plazas financieras importantes. “El Departamento de Estado dijo que prefiere un acercamiento de mercado a uno estatutario”, explicó el director de Jubilee USA, Eric Le Compte, sobre la negativa de Washington.
Esta semana, en un informe de Unctad, la ONU volvió sobre el tema: “La Argentina queda expuesta por la falta de un marco para resolver cuestiones de deuda y Griesa en su fallo aplicó el derecho comercial sin tener en cuenta el interés general”, señaló Unctad, quien también recomendó dejar de lado los tratados bilaterales de inversión y establecer un tribunal internacional por fuera del Ciadi.
