Los funcionarios de las cancillerías de la Argentina y Brasil preparan un encuentro entre Cristina Fernández y Dilma Rousseff para asegurar el financiamiento brasileño para las importaciones argentinas desde el principal socio comercial.
La visita a San Pablo de Cristina está prevista para dentro de dos semanas e ilusionó a los empresarios y funcionarios que asistieron el viernes a un cóctel organizado por la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde se analizó, además, otro de los temas que podrían ser parte de los anuncios entre las mandatarias: los avances en la presentación de listas para el acuerdo comercial con la Unión Europea.
Los representantes del sector privado que se reunieron con el embajador Everton Vieira Varga intentaron conocer la letra chica del acuerdo que permitirá a Brasil otorgar líneas de crédito para venderle más productos a la Argentina y que descomprimiría las necesidades de dólares del Banco Central para pagar esas compras. El financiamiento fue negociado entre el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro brasileño de Desarrollo e Industria, Mauro Borges, con créditos a través de bancos comerciales de Brasil. El embajador sólo les transmitió que la Argentina era, si se medía por el tamaño de la delegación diplomática, la segunda en importancia para Itamaraty, detrás de Washington.
El año pasado, las importaciones de productos brasileños significaron casi US$ 20 mil millones, el 9% más que en el año anterior, si bien se desaceleraron por las restricciones. En lo que va del año, en cambio, el comercio total entre los dos socios mayores del Mercosur cayó 17%. La baja de la demanda brasileña generó una caída del 21% en el trimestre para las exportaciones argentinas mientras que las compras bajaron el 13% de enero a marzo de este año. Para los importadores, el acuerdo de financiamiento, al descomprimir las necesidades de divisas para comerciar con Brasil, podría agilizar la aprobación del resto del comercio, que hoy ya tiene impacto además en el mercado laboral, con suspensiones y vacaciones adelantadas, en especial en las economías regionales.
“Los importadores tienen problemas para mantener el personal y los salarios. En nuestro caso, sólo se aprobó el 40% de las DJAI presentadas, pero no es sólo la Secretaría de Comercio sino la presión del Banco Central, que demora las autorizaciones, y la AFIP, a través de la Aduana”, explicó un representante del sector de bebidas con contenedores a la espera en el puerto.
El director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores, Miguel Ponce, señaló que al menos 5.500 pymes e importadoras sufren las autorizaciones aleatorias y esporádicas. “Va rotando, no hay fórmula matemática. Primero se dejaron de pagar las horas extra, después se adelantaron vacaciones y también hubo suspensiones en distintos sectores”, explicó. Los productores de jugos del Alto Valle y la industria maderera de Misiones y Chaco están entre los más complicados.
