El Gobierno llama a combatir el trabajo no registrado por dos cuestiones: porque es una bandera en la campaña electoral y porque es preocupante la baja relación entre trabajadores activos y beneficiarios de jubilaciones y pensiones en el sistema de previsión social.
Según datos que Marcelo Luis Capello, economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), recopiló del Ministerio de Trabajo y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la relación entre aportantes y beneficiarios tuvo un cociente de 1,69 en mayo de 2013 –último dato publicado–, pero de sólo 1,53 si se agregan los favorecidos por la asignación universal por hijo (AUH). “Para que el sistema se sustente sólo con los aportes actuales de los trabajadores en actividad, se requieren al menos tres activos por cada pasivo”, afirmó el economista cordobés.
El trabajo informal, mal denominado “en negro”, alcanzó al 32,8% de la masa de asalariados en Argentina en el primer semestre de este año, según datos oficiales, lo que se traduce en menos aportes a la Anses, que financia el pago de las jubilaciones y otras inversiones y programas sociales del Gobierno.
El titular de la Anses, Diego Bossio, fue denunciado la semana pasada por presuntos pagos irregulares con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), constituido por los antiguos aportes que manejaban las AFJP. La presidenta Cristina Kirchner lo defendió y recordó que con el dinero estatizado del sistema de capitalización se sustenta la AUH.
A pesar del impacto en esta relación que tiene la AUH, el consenso de los economistas, tanto oficialistas como opositores, defiende la implementación del programa social. “La AUH tiene potencialidades de largo plazo, en tanto el cobro de la transferencia monetaria se encuentra condicionado al cumplimiento de los controles de salud y asistencia a la escuela exigidos por la normativa. En este sentido, la AUH, que todos los candidatos aseguran que mantendrán, podría considerase también como inversión en capital humano”, aseveró un analista.
Ante esta situación, Capello explicó: “El ratio de la proporción activos/pasivos creció hasta 2,06 en 2005 para comenzar a bajar luego, por efecto de las jubilaciones masivas que significaron las moratorias previsionales”. Y, como consecuencia, observó la necesidad de que un porcentaje de impuestos se derive a la Anses: “El 37% de los ingresos de la Anses el año pasado provinieron de los tributos, que sirvieron para que la institución tuviera un superávit equivalente al 1,1% del PBI”.
Además, el presidente de la Ieral comentó que, tras la eliminación del sistema previsional mixto, las jubilaciones mínimas “han aumentado por arriba de la suba del costo de vida en la última década, y las mayores a la mínima son liquidadas de tal manera que generan reclamos judiciales y deudas estatales que ponen en riesgo la sustentabilidad a largo plazo del sistema”. La Anses, además, se ha convertido en una pata clave de las finanzas públicas, ya que sostiene inversiones públicas, programas sociales, y funciona también como un fondo para financiar en última instancia compañías en crisis, como ocurrió con General Motors en 2009.