Las medidas para cuidar cada dólar afectan cada vez a más sectores de la economía. La pelea del Gobierno con las automotrices es sólo una muestra de cómo la falta de divisas complica la producción por deudas crecientes del Banco Central para importaciones. Así, lo que se conoce como “la restricción externa” se transforma en un problema más tangible desde que la Argentina entró en default.
En los últimos dos meses, según fuentes del sector privado, se endureció la aprobación de importaciones de servicios como turismo, transporte y pago de regalías, y hasta en algunos casos se negaron los dólares para operaciones que habían sido aprobadas.
La sugerencia oficial fue –en línea con lo que vienen escuchando los empresarios productores e importadores de bienes– que consiguieran los dólares a través del “contado con liquidación”, la operación que consiste en comprar bonos que se convierten en divisas al ser vendidos. Está decisión agranda las demoras en el pago de las importaciones de bienes. Hay una deuda de más de US$ 2.500 millones con las terminales de autos, y otra similar de más de US$ 2 mil millones con la industria electrónica de Tierra del Fuego, según datos privados. Todo, mientras se procura en algún momento, tras arreglo con los buitres, una llegada de dólares estimada entre los US$ 7 mil y US$ 8 mil millones por funcionarios del Ministerio de Economía, que aceitaría el flujo importador.
La balanza entre lo que entra y sale en el sector servicios dejó un rojo de US$ 4.300 millones el año pasado, una tendencia que se prevé continúe este año, ya que, pese a la caída del comercio de la Argentina con el mundo, hay rubros que se abastecen fundamentalmente en el exterior, como es el caso del transporte marítimo que, sin líneas nacionales que cubran los servicios, debe pagarse a navieras extranjeras.
Con esa tendencia en mente, el Gobierno puso en marcha las Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS), que funcionan con los mismos criterios que sus “hermanas” más famosas: las DJAI, para las importaciones de bienes, pero con las que comparten restricciones.
“Hubo negativas a aprobar las DJAS y atrasos para recibir los dólares”, confirmó ante los reclamos empresarios el director de la consultora DNI, Marcelo Elizondo. Las cifras, hasta el primer trimestre del año, no dan señales de déficit, pero sí marcan una caída de unos US$ 400 millones de las importaciones de servicios en el primer trimestre de 2014.
En tanto, desde el Banco Central, reconocieron la situación: “Nuestra misión es cuidar las reservas, cuidar los dólares. Es lógico que nos peguen, pero no se hace de capricho”.
En ese marco, en el organismo que dirige Juan Carlos Fábrega sostuvieron que “hay prioridades para los dólares: la energía. El promedio de pagos sigue en US$ 1.500 millones por mes. Se esperaba que con menos actividad bajara el gasto energético, pero eso no está ocurriendo”.
Dentro de los servicios, en tanto, se engloban los pagos por turismo, que en los primeros seis meses del año representan un déficit de 400 millones.
El año pasado las regalías explicaron el 28% de los pagos por servicios, los viajes el 29% y el transporte el 26%, mientras que “otros servicios” representaron el 44% del total importado.
Pago congelado. Hoy las regalías, las patentes y los pagos por software necesario para la reparación del buque rompehielo Irizar forman parte de la lista de pagos demorados o denegados, como el caso de una universidad que necesitaba dólares para pagar por una capacitación y a la que el Central no se los concedió, aunque tenía la DJAS aprobada.
“Hasta ahora, no habíamos tenido problemas en este sector. Pero si esto sigue avanzando, en lugar de reducir el daño lo estamos agravando”, sostuvo el director de relaciones institucionales de la Cámara de Importadores, Miguel Ponce. En el caso de las importaciones de bienes, la caída de la actividad y un cierto “efecto desaliento” generó que “empresas que antes pedían diez DJAI por mes ahora sólo piden dos”, según relató el directivo.
Después de fijar nuevos límites para las operaciones de importación que deben pedir autorización –que bajaron de US$ 300 mil a US$ 150 mil– para transferir pagos, el Banco Central también ajustó la normativa que define qué tipo de cambio debe utilizarse en caso de exportaciones liquidadas fuera de plazo, con lo que busca desalentar la especulación con una mejor cotización del dólar. La autoridad monetaria ahora tomará el valor más bajo entre el de la fecha en que debían liquidarse las divisas y el del día de la operación, según detalló en la Comunicación 5630 que circuló ayer.
