Por Carlos Sueldo
La ronda de reuniones individuales de las automotrices con los ministros de Economía, Axel Kicillof y de Industria, Débora Giorgi, que comenzó ayer a la tarde con representantes de tres de las diez terminales locales, ya tendría fijado un límite para la apertura del grifo de dólares hacia el sector: US$ 100 millones de dólares por mes a partir de septiembre y hasta fin de año, para que el conjunto de fabricantes paguen autopartes importadas.
El monto, que resulta 25 veces inferior a la deuda que en total ya acumulan las terminales locales con filiales y proveedores externos, sería la única prenda de cambio que está en condiciones de ofrecer el Gobierno a cambio de que mantengan la oferta de unidades adentro del plan ProCreAuto, con un stock suficiente y bajo los mismos términos que se pactaron en el programa que vencía el próximo 24 de septiembre.
Eso, incluyendo uno de los puntos más polémicos, que es el congelamiento de los precios. Si bien nadie lo admite oficialmente, desde las terminales acusan un desfasaje con costos de alrededor de 12%, mientras que desde Economía sólo les reconocerían un tope de 4% en casos muy puntuales.
El grupo PSA Peugeot-Citroën, representado por el ex presidente de Peugeot Argentina y ex embajador argentino en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña fue el primero en ser recibido en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Luego le siguieron Renault Argentina, con su presidente Thierry Koskas y Martín de Gaetani, en representación de Honda. Previamente hubo una preliminar de los ministros con la cúpula de Adefa, representada por Enrique Alemañy (Ford) y Cristiano Rattazzi (Fiat), en donde nadie se corrió demasiado del libreto que ya se había expuesto en la reunión del miércoles en la Casa de Gobierno, con presencia de la presidenta Cristina Fernández. La única diferencia, es que esta vez el tono fue más conciliador, según apuntaron distintas fuentes. La medida no modifica, sin embargo, la decisión de firmas como Renault y General Motors de dejar de enviar sus autos hechos en el exterior al país hasta que no se salde la deuda de US$ 2.500 millones por atrasos de importaciones.