El Gobierno nacional reglamentó esta semana la Ley de Reforma Laboral sancionada por el Congreso en marzo y modificó el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, lo que obliga a gremios y cámaras empresarias a renegociar sus acuerdos en un plazo máximo de doce meses.
Los decretos 407, 408 y 409, publicados el lunes 1° en el Boletín Oficial, reglamentaron la representación sindical, los aportes gremiales y el sistema de negociación colectiva. La medida generó alarma inmediata en la dirigencia sindical y abrió un debate sobre el alcance real de los cambios en materia salarial y de condiciones laborales.
Qué dice el decreto
El artículo 4 del decreto 407 establece que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, considerará "vencidos" todos los convenios colectivos cuyo plazo original haya expirado. Para aquellos que no tienen fecha de vencimiento, el decreto fija el 31 de diciembre de 2026 como referencia.
A partir de la publicación, el organismo tiene 30 días para convocar a las partes a renegociar. El proceso se extendería por un año y le otorga a la Secretaría una facultad clave: puede suspender la homologación de los convenios si gremios y empresas no avanzan en la discusión.
El decreto también amplía el alcance de los topes a las cuotas sindicales. La ley 27.802 había fijado un máximo del 2% de las remuneraciones para los aportes que los sindicatos cobran a los trabajadores, y del 0,5% para los que recaudan las cámaras empresarias. La reglamentación extiende esos límites a "cualquier otra carga económica o institucional" y establece que los convenios que superen esos topes deberán renegociarse.
La disputa por las cláusulas normativas
El punto más controvertido de la reglamentación es el alcance del fin de la ultraactividad. La ley solo preveía la caída de las cláusulas obligacionales —las que rigen la relación entre empresas y gremios, como las cuotas solidarias—, pero la redacción del decreto abrió la posibilidad de que también caigan las cláusulas normativas: las que definen categorías salariales, adicionales, suplementos y condiciones concretas de trabajo.
Luciano Bracamonte, abogado especialista en derecho laboral y asesor legal del Sindicato del Vidrio, advirtió en Punto a Punto radio (90.7 FM) que la caída simultánea de la ultraactividad y el principio de progresividad genera una "incertidumbre y una inseguridad jurídica muy grande" para los trabajadores. "Al caerse ambos principios, se pueden renegociar las pautas salariales convencionales o no convencionales que estén vigentes o que venzan al 31 de diciembre de este año", precisó.
Lo novedoso: se puede negociar a la baja
El modelo argentino de negociación colectiva, reconocido internacionalmente, funciona de manera centralizada por actividad: los acuerdos gremiales son el piso salarial desde el cual cada empresa puede mejorar, pero no empeorar, las condiciones de sus trabajadores.
Lo que introduce la reforma, según Bracamonte, es la posibilidad de negociar por debajo de ese piso. "Lo novedoso es que ahora se puede negociar para la baja", afirmó. Y señaló que, además, los requisitos de representatividad para constituir sindicatos y cámaras se han reducido, lo que habilitaría a actores más pequeños —e incluso a organizaciones de empresa— a sentarse en la mesa de negociación.
"Podría darse que una empresa convoque a un sindicato por actividad sin personería, en vez del signatario del convenio nacional, y negocie condiciones distintas para sus trabajadores", ejemplificó el especialista.
Las cámaras empresarias también tienen motivos de preocupación: la reglamentación las obliga a demostrar que representan al menos al 10% de los trabajadores de la actividad para mantener su rol en la negociación. Varias ya presentaron escritos ante las autoridades laborales denunciando el vencimiento de convenios y reclamando su revisión.
El resultado práctico de todo esto se verá en los próximos meses. Bracamonte fue tajante al respecto: "Nos tenemos que preocupar. Al no avisar, se termina perdiendo el trabajador".
