El 70% de los hogares de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires empezará a pagar tarifas de electricidad con un aumento promedio del 500% a partir de este lunes 1° de febrero. Los usuarios residenciales de Edenor y
Edesur abonan, en promedio, alrededor de $ 25 por mes. Con los aumentos establecidos por el Ejecutivo pasarán a pagar una media de $ 150, seis veces más.
Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, brindó ayer una conferencia de prensa para explicar algunos puntos de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur, que serán publicados oficialmente la semana que viene. Se trata, en rigor, de la primera recomposición tarifaria para las dos mayores distribuidoras del país desde 2001. En la práctica, el Ejecutivo busca alinear las tarifas de la región AMBA con las del interior del país, que sí se incrementaron en forma significativa durante los últimos años, al ritmo de la inflación.
Los usuarios de Buenos Aires y el conurbano reciben, en promedio, una tarifa eléctrica de $ 19 por mes antes de impuestos y cargos fijos. En el resto del país ese número es cinco veces más alto: asciende a $ 89, según los números presentados ayer por el titular de Energía.
“Es totalmente injusto que en Capital Federal, que recibe los mejores ingresos del país, rijan tarifas que son mucho más baratas que las del interior. Es una
reasignación de recursos, una discriminación positiva desde sectores de ingresos bajos hacia los altos”, argumentó.
El incremento de las tarifas de luz permitirá reducir los millonarios subsidios que recibe el sector de generación eléctrica, que en 2015 treparon hasta los US$ 9.800 millones y para 2016 se proyectaban en US$ 11.500 millones, es decir, $ 1.500 millones más. Con esta medida, el Gobierno apunta a que los subsidios a las generadoras –que se utilizan fundamentalmente para comprar combustible– no superen los $ 5.800 millones. Su meta es ahorrarse US$ 4 mil millones con relación a lo erogado en 2015 y US$ 5.700 millones de lo que hubiese tenido que desembolsar si no aumentaba las tarifas.
A la vez, se propone eliminar todos los subsidios aportados por el Estado nacional al segmento de distribución. Por esa cuenta se fueron $ 10.400 millones en 2015, que se utilizaron para financiar la mejora de redes deterioradas y el Puree, el programa de uso responsable, que fue derogado. Esas subvenciones directas del Tesoro a las empresas distribuidoras serán íntegramente cubiertas por los usuarios.
Servicio. Aranguren quiere recuperar el valor de eficiencia energética. Confía en lograr una baja del consumo residencial a partir de aumentos que transferirán al bolsillo tarifas más cercanas al costo real de la energía.
Una de sus apuestas consiste en desagregar los nuevos cuadros tarifarios en función de cuánto ahorre cada hogar. Si una vivienda reduce entre un 10% y un 20% su demanda con respecto a la del mismo mes de 2015 recibirá una tarifa con un descuento de entre el 20% y 25%.
En tanto, si el ahorro de consumo es superior al 20%, las tarifas serán hasta un 35% más baratas. Es una jugada arriesgada porque no existen a nivel regional antecedentes exitosos de medidas de este tipo, según advirtió esta semana FIEL.
El ministro especificó que, bajo la órbita de Edenor y Edesur habrá 900 mil hogares que ingresarán al régimen de Tarifa Social. Estará alcanzado un 20% del universo total de usuarios de la región metropolitana.
Los beneficiarios recibirán gratis un porcentaje de la energía que consuman (150 KWh por mes) y el excedente de consumo lo pagarán a precios similares a los actuales, siempre y cuando su consumo no supere al del mismo mes del año anterior.
Estarán contemplados trabajadores que cobren menos de $ 12 mil en bruto por mes (el equivalente a dos salarios mínimos), jubilados que reciban dos haberes mínimos (cerca de $ 8 mil), beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas, inscriptos en el monotributo social y aquellas personas que reciban un seguro de desempleo.
