En el conflicto por la deuda en default entre la Argentina y los fondos buitre, cada confirmación abre un nuevo interrogante. Los últimos vinieron después de que, el pasado viernes, el país sufriera dos reveses, cuando el juez Thomas Griesa advirtió que podría ser declarado en “desacato” y cuando el Gobierno de los Estados Unidos, a través de un vocero del Departamento de Estado, aseguró que no aceptarían tratar el tema en el tribunal internacional de La Haya, tal como solicitó el Ejecutivo nacional.
En el nuevo escenario que se abrió, según analistas, abundan caminos complicados para el país, pero “existen posibilidades que de se resuelva y se termine con la situación para poder volver a los mercados”, apuntaron desde un estudio jurídico.
En ese sentido, señalaron la compra, por parte de bancos del exterior, como JP Morgan, Citigroup, HSBC y Deutsche Bank, a quienes podrían sumarse fondos de empresas locales que consideran que el default empeorará las condiciones de la economía local. Con la compra del juicio por parte de privados, el Estado nacional podría pagar una cifra equivalente a la de los canjes de deuda previos sin que se dispare la tan temida cláusula RUFO.
Si bien esa parece ser la vía más racional frente a la necesidad de dólares y en función de los acuerdos cerrados a lo largo del año –como el pago a Repsol, los juicios del Ciadi y el Club de París–, no se descarta que la escalada de declaraciones del Gobierno y la ya descartada posibilidad de que los abogados de NML Elliott pidan al juez que se restituya el “stay” para facilitar las negociaciones, deriven en una complicación aún mayor para la administración local.
Por otra parte, el nivel de crispación en el que se desarrolló la última audiencia entre los representantes legales de ambas partes y el juez, si bien no sorprendió a funcionarios del Gobierno, será difícil de sostener en el tiempo.
Si la advertencia del magistrado se confirma, se podrían complicar aún más las cosas.
Marco Schnabl, especialista en litigios internacionales del estudio Skadden de Nueva York, le dijo a PERFIL que “no hay antecedentes de un caso de esta envergadura, salvo un caso menor que involucra a Rusia, en que un Estado haya sido declarado en desacato frente a un tribunal de los Estados Unidos. Por eso, en el caso en que eso se produjera, nos encontraríamos en una situación sumamente novedosa”.
Aclaró que “este tipo de determinaciones tiene lugar cuando no se cumple deliberadamente la orden de un tribunal, y es importante destacar que eso es extensible a quienes contribuyan a desobedecerlo, por lo cual podría alcanzar a abogados, estudios jurídicos o diversas entidades, como los bancos”.
El especialista señaló que todo intento de la Argentina por pagar en el territorio local y cambiar el agente de pago –el Bank of New York Mellon– podría llevar al juez a considerar al país bajo esa figura. También dijo que las consecuencias habituales para un privado –persona o empresa– son típicamente de naturaleza financiera y civil, por lo que se aplican multas “que suelen alcanzar sumas multimillonarias ya que lo que buscan, en realidad, es hacer que se respete la decisión de la Justicia”.
Eric Calcagno, diputado del Frente para la Victoria, señaló esta semana que la administración “buscará agotar todas las instancias en tribunales internacionales, como la Corte Consultiva de la ONU”.
“Griesa ayudó a los holdouts”
El conflicto por la deuda en default es seguido especialmente por actores del mercado local. Federico Tomasevich, presidente de Puente, señaló, después de conocerse la advertencia del juez Thomas Griesa, que el magistrado “cada vez complejiza más la situación de la Argentina y la acorrala. Teniendo en cuenta todo lo que sucedió, Griesa no sólo no colaboró para que se llegue a un acuerdo sino que ayudó a los holdouts, que son los únicos a los que les convenía que el país entrara en default”. Agregó el presidente de Puente que “estos fondos eran los únicos interesados en comprar los seguros de riesgo argentino (CDS), con lo que ganaron millones de dólares, y pueden hacerlo porque tienen un conocimiento muy fino e información sobre estas complejas operaciones y qué podía suceder sin un arreglo”.
Agregó que si bien Argentina “equivoca el tono”, considera que “lo mejor sería que el juez cree verdaderas condiciones para que el país llegue a un acuerdo”.
