Antes de que cambie la composición del Congreso, según cómo se ordenen las bancas en las elecciones de octubre, el Gobierno tendrá como arma de negociación con su sucesor leyes clave para el manejo del país, como el Presupuesto 2016 y, principalmente, la Ley de Emergencia Económica vigente tras el fin de la convertibilidad.
La Ley de Emergencia Económica implica mantener en suspenso facultades del Congreso que se complementan con el uso de los decretos de necesidad y urgencia. Su permanencia le permitiría al próximo gobierno un mejor argumento de negociación, por ejemplo, con los holdouts. En la transición podría demorarse y quedar a cargo del nuevo Congreso, que tendría a Máximo Kirchner como diputado por el FpV, en sesiones extraordinarias.
Hacia fin de año, el paquete económico contempla también el “impuesto al cheque” y otros impuestos económicos que se extienden año a año, como la devolución de IVA o los cargos para los cigarrillos. En medio de las propuestas de mejorar la competitividad de las empresas y la economía argentina, el impuesto al cheque figura entre las distorsiones que generan más costos al sector privado. Bajo la Ley de la Administración Financiera del Sector Público Nacional, que permite al jefe de Gabinete reasignar partidas presupuestarias, el Presupuesto, que tiene que ser presentado ante el Congreso el 15 de septiembre, puede reacomodarse en el supuesto caso de que el esquema armado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, no se adecue a la nueva administración.
