Si bien el Ministerio de Economía aseguró que el diseño del nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC) fue trabajado con la participación de 16 universidades del país, el Gobierno omitió informar que las universidades que en septiembre de 2010 elaboraron un duro y crítico informe sobre las estadísticas del Indec, a instancias de las autoridades, esta vez no fueron convocadas para la construcción del nuevo índice.
Exactamente hace tres años, el Gobierno conformó un Consejo Académico para analizar las estadísticas del organismo. Convocó a las facultades de Sociales, Económicas, Exactas y Derecho de la UBA y a las de Ciencias Económicas de Mar del Plata, Tucumán, Tres de Febrero y Rosario. El resultado del análisis no fue muy favorable a los ojos del oficialismo. El informe concluyó que la credibilidad del Indec estaba disminuida desde la intervención, en 2007, y advertía de distorsiones en la medición de la inflación y falseamientos de índices. Plantearon recomendaciones como crear un nuevo IPC. Esperaban, como les prometió el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, que se analizara el informe y que los volvieran a convocar, lo cual nunca sucedió.
Ahora, de la UBA sólo fue convocada Exactas, cuyo decano es afín al kirchnerismo. La Secretaría Académica de la Facultad de Económicas de Rosario confirmó que “no se realizó ninguna invitación institucional a la Facultad”, como la de 2010, sino que fueron invitados algunos docentes en particular, directamente por Economía. Lo mismo sucedió en Tucumán y Mar Del Plata. Marcela Almeida, ex coordinadora del IPC nacional, desplazada por el organismo, confirmó esta situación. Consultado sobre el criterio de selección de las universidades, Agustín D’Attellis, economista, quien participó de reuniones sobre la construcción del nuevo IPC y milita en La Gran Makro, le dijo a PERFIL que “el criterio de invitación fue amplio” y suponía que habían invitado a todas las universidades. “Luego, fueron las que se mostraron interesadas”. Sin embargo, según supo este diario de una fuente muy cercana al Gobierno, la convocatoria se realizó sobre todo a universidades de confianza.
El rol de las universidades que sí participaron fue bastante superficial: a algunas les pidieron opinión, pero otras fueron simples espectadores. No participaron del diseño de la metodología, sino que sólo se les mostró lo ya elaborado.
