Para aquellos que aún tienen dudas o se oponen a la Educación Sexual
Integral (ESI), días atrás desde el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad
de Buenos Aires se dieron a conocer los resultados de un estudio que volvió a
poner en agenda la importancia y la necesidad de su implementación en las
aulas, dado que el 80 por ciento de los chicos que sufrieron abuso pudieron
identificarlo como tal tras recibir contenidos de ESI en la escuela.
En la Sala de Entrevistas Especializada –más conocida como Cámara Gesell-
del MPT porteño declaran niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas o
testigos de violencias, maltratos o abuso. Vale recordar que en agosto del año
pasado el organismo de la Ciudad acordó la cooperación con la Procuración
General de la Nación y comenzó a prestar servicios a fiscalías nacionales que
incrementaron la demanda. En la actualidad, la mayoría de los casos se vincula
con el abuso sexual. El 65% de estos abusos es denunciado por mujeres,
mientras que el 35% corresponde a los varones. A su vez, el 80% de los
abusos sucedió en sus propios hogares, por un familiar o una persona
conocida.
A la hora de buscar factores comunes entre ellos para el desarrollo de políticas
públicas de prevención o detección de la problemática, el Ministerio Público
Tutelar detectó que ocho de cada diez niños declararon que pudieron
comprender lo que les había sucedido a partir de información recibida en la
escuela. Es decir, la ESI les brindó los contenidos necesarios para que
pudieran comprender que fueron víctimas de abuso, al tiempo que posibilitó un
espacio de confianza en las escuelas para que se animen a relatar lo que les
había pasado.
La Educación Sexual Integral es ley
Pese a aquellos que aún se oponen fervientemente a su incorporación en las
aulas, la Educación Sexual Integral es ley, y proteger a las infancias de los
abusos es una obligación que ya no se puede discutir, sobre todo si tenemos
en cuenta los datos ofrecidos por el MPT porteño que validan la necesidad
imperiosa de profundizar aún más su implementación en las instituciones
educativas de nuestro país.
Desde la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en el año
2006, el Estado viene desarrollando diversas acciones para su efectivo
cumplimiento. Al principio, las estrategias estuvieron orientadas a formalizar y
establecer el marco para su desarrollo, como la convocatoria a una Comisión
Asesora Interdisciplinaria e Intersectorial, la redacción y la aprobación de los
Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral, y la creación del
Programa Nacional.
En el año 2009 se elaboraron y distribuyeron materiales educativos a todas las
jurisdicciones, como afiches, láminas interactivas, trípticos para las familias, los
docentes y los alumnos, y cuadernos con fundamentaciones teóricas y
sugerencias didácticas. La distribución de estos materiales continúa
realizándose permanentemente, a través de diversas acciones provinciales y
nacionales de capacitaciones presenciales y virtuales.
A los materiales impresos se sumaron contenidos audiovisuales, como
secuencias didácticas para el programa Conectar Igualdad, programas de
Canal Encuentro y Paka Paka, y videos que recogen experiencias concretas de
escuelas que vienen trabajando en distintas provincias.
Si bien desde la sanción de la Ley se ha avanzado en su implementación, aún
queda mucho camino por recorrer para que todas las escuelas del país, tanto
públicas como privadas, laicas o confesionales, brinden contenidos de
Educación Sexual a sus alumnos. El objetivo: que los chicos y las chicas, de
acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, desarrollen
valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, y conozcan y
respeten el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato.
En definitiva, se trata de información para el cuidado de la salud sexual y
reproductiva. Una información que el Estado y las instituciones educativas,
desde el nivel inicial al nivel secundario, tienen la obligación de garantizar. Una
información que es un derecho, y como tal, nadie puede oponerse ya a su
implementación en las aulas.
