ELECCIONES2017
Paso 2017

Servini de Cubría investigará a Macri por supuesto fraude en el escrutinio

La magistrada estará al frente de la denuncia luego de que el juez Sebastián Casanello se declarara incompetente para hacerlo. Por qué se apunta al Presidente.

La jueza electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría, supervisó el conteo definitivo que se realiza en el salón Dorado de la Legislatura porteña.
La jueza electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría, supervisó el conteo definitivo que se realiza en el salón Dorado de la Legislatura porteña. | Télam

La jueza María Servini de Cubría estará a cargo de la denuncia por supuestas irregularidades en el escrutinio provisorio de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 agosto, luego de que el magistrado Sebastián Casanello se declarara incompetente para hacerlo. La presentación, hecha por un abogado, alcanza al presidente Mauricio Macri

La decisión de Casanello sobrevino luego del dictamen que en el mismo sentido había pronunciado el fiscal federal Franco Picardi, quien indicó: "Los hechos denunciados, en caso de comprobarse su materialidad, se erigirían como faltas o delitos de neto carácter electoral, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.108 y en el Código Nacional Electoral".

La denuncia había sido radicada el lunes pasado por el abogado Antonio Liurgo contra las autoridades gubernamentales encargadas de los comicios. El letrado expuso la presunta manipulación de datos electorales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y advirtió que los responsables, entre los que mencionó al jefe de Estado, podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventual fraude. 

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El denunciante había considerado que "el cercenamiento del acceso a la información constituye el incumplimiento de una obligación de los funcionarios en su deber de informar al pueblo", según consignó la agencia DyN.

En ese contexto, Liurgo opinó que la  "abrupta decisión de omitir la información y judicializar sin incorporar la documentación que acredita puede constituir una maniobra de fraude".