La corrupción ha expuesto a las instituciones latinoamericanas a condiciones de extrema vulnerabilidad que pueden culminar en el descarrilamiento de los sistemas constitucionales. Este es un problema que afecta a nuestros sistemas y que estuvo presente entre las muchas consideraciones hechas en el XIV Congreso Iberoamericano, cuando analizamos la relación entre norma y normalidad.
En un reporte que utiliza instrumentos para medir la corrupción y la gobernabilidad, elaborado por encargo del Banco Mundial en 2000 fue acuñado el concepto “Estado capturado”. Esta modalidad forma parte de los escenarios de la denominada “gran corrupción”. Transparencia Internacional define este grado de corrupción como “el abuso del poder de alto nivel para beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría, que ocasione malestar generalizado en los individuos y en la sociedad y que por lo general queda impune”.
La gran corrupción se presenta en todos los niveles y órganos de gobierno y corresponde a procesos de alta complejidad en que los intereses privados, lo mismo ilegítimos que legítimos, se confunden con los públicos, para obtener ventajas indebidas.
En términos jurídicos no existe un “Estado capturado”, en tanto que si hubiera fuerzas superiores al Estado, que lo dominaran, ellas serían el Estado. En cambio, enunciados como “Estado fallido o capturado” permiten a su vez identificar la magnitud de los estragos ocasionados por la primera y prever la dimensión del esfuerzo requerido en la reconstrucción del Estado constitucional.
Para disminuitr la corrupción son necesarias la templanza personal, la ejemplaridad de los dirigentes y un elenco de castigos severos, pero esto no es suficiente. El costo de omitir todas las demás decisiones que exige la gravedad del problema llevaría a un fracaso más, con efectos negativos en la eficiacia del Estado y en la confianza social.
El poder político organizado, o sea el Estado, tiene entre sus objetivos centrales evitar la violencia, la inseguridad, la arbitrariedad, la inequidad y la injusticia. Cuando en lugar de resolver estos padecimientos, el poder se suma a ellos, y hasta los propicia, significa que debe hacerse una revisión completa de las desviaciones del Estado y las correcciones requeridas.
Los indicadores internacionales sobre corrupción sitúan a América Latina en rangos críticos. Esto incluye la colusión con intereses privados que correspoonden al fenómeno de la gran corrupción. Abundan los ejemplos de Estados sujetos a los intereses privados, incluidos los ilícitos. El saneamiento del poder exige, a quienes lo ejercen o aspiran a hacerlo, el conocimiento de las carencias, de los recursos y de las potencialidades institucionales. La reconstrucción del Estado es una tarea ciclópea que excede las posibilidades de un presidente y hasta de un gobierno, y exige el concurso coordinado por los liderazgos de la política, de la sociedad, de la academia, de la empresa y de los medios.
Puede haber alivio cuando cambian los estilos, pero solo hay cura cuando cambian las instituciones. El Estado capturado y la corrupción denotan una patología generalizada del poder que no sanará sin una revisión seria de los problemas institucionales que los propician. El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, fundado en Buenos Aires en 1974, ha sido un foro para el análisis de problemas y la discusión de soluciones. El XIV Congreso celebrado en Buenos Aires para conmemorar la fundación del instituto y los cuarenta años de intensa y fructífera vida de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, fue una nueva oportunidad para examinar dónde estamos y hacia dónde vamos. Hace 45 años nuestros principales problemas eran el militarismo y la arbitrariedad; hoy son la corrupción y la inequidad. Ya tenemos gobiernos civiles, ahora necesitamos gobiernos civilizados.
*Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
