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sábado 9 febrero, 2019

Con ayuda argentina, México sale a buscar a sus desaparecidos

Hay 40 mil víctimas recientes de redes criminales. López Obrador lanzó esta semana un plan nacional de rastreo e identificación. Cautela de organismos y familiares.

por Facundo F. Barrio

PROMESA. Tras ser electo presidente, Andrés Manuel López Obrador se reunió a fines del año pasado con algunos de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Foto: CEDOC.

El gobierno de México acaba de asumir algo que miles de mexicanos saben y sufren desde hace rato: su territorio se convirtió en “una enorme fosa clandestina”. Así de crudo lo reconoció esta semana la administración de Andrés Manuel López Obrador al presentar un programa de búsqueda e identificación de 40 mil desaparecidos por el narco, las fuerzas represivas, los paramilitares, la trata de personas y otras redes criminales que destrozan el país desde hace un par de décadas.

El proyecto supone un gran desafío para el presidente AMLO. Puede marcar un quiebre respecto del desprecio por los Derechos Humanos que mostraron sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y abrir por primera vez un camino de reparación para las víctimas. O puede acabar siendo una nueva decepción para organismos y familiares hartos de la impotencia, la inacción o la complicidad del Estado.

AMLO promete un cambio de paradigma. Al lanzar su estrategia para la cuestión de los desaparecidos, criticó la “profunda simulación” de sus predecesores ante este tema y aseguró que nunca más se utilizará la fuerza ni se declarará la guerra para resolver problemas sociales. Por ahora, el movimiento de Derechos Humanos espera los próximos pasos del gobierno con tanta expectativa como cautela.

“Lo único que estamos haciendo es recuperar el reclamo de las víctimas y transformarlo en política pública –dijo a PERFIL Aarón Mastache Mondragón, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos del gobierno mexicano–. Somos conscientes de que se ha roto la confianza entre familiares y Estado, incluso porque muchos perpetradores pertenecen al Estado. Repararla  es nuestra prioridad y por eso hacemos todo codo a codo con las familias”.

Las autoridades deberán encarar una gigantesca labor científica y técnica. Por lo pronto, hoy en México hay 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y miles de fosas clandestinas sin abrir a lo largo y a lo ancho del país.

El gobierno espera contar con el apoyo de expertos internacionales y, en particular, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), referencia mundial en la materia. El EAAF trabaja en México desde hace quince años y tiene presencia permanente allí. Ganó protagonismo a partir del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, cuando demostró con su peritaje independiente que la “verdad histórica” que había presentado el gobierno de Peña Nieto sobre el crimen de los normalistas era un montaje insostenible.

“El EAAF está trabajando en propuestas para el nuevo gobierno de México, para atender una enorme carga de trabajo pendiente en el área de restos no identificados y desaparición de personas –contó a este diario la antropóloga argentina Mercedes Doretti, directora del EAAF en México–. Hay mucha esperanza en que esta administración genere un marco más favorable para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos”.

El EAAF ya participa en espacios institucionales mexicanos como el Consejo Nacional de Búsqueda y el Espacio Forense por los Derechos Humanos, desde donde hace sus aportes. Según Doretti, el marco principal para el trabajo por delante debería ser la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada en noviembre de 2017, cuya implementación por ahora deja bastante que desear.

A doce años del inicio del fracaso total que fue la “guerra contra las drogas” de Calderón, el cuadro de situación que hoy hereda el nuevo gobierno es desolador. Las fosas clandestinas son tal vez la marca física más visible de la violencia sistémica que sacude al país. Una investigación presentada a fines del año pasado por el proyecto periodístico mexicano A dónde van los desaparecidos contabilizó casi 2 mil fosas ilegales descubiertas entre 2006 y 2016 en 24 estados de México, casi el doble que las reconocidas oficialmente, donde se hallaron restos y fragmentos de huesos de nadie-sabe-cuántas miles de víctimas.

El ocultamiento de cuerpos a través de inhumaciones ilegales –también su incineración o disolución en ácido– fue uno de los sellos distintivos de la década perdida de guerra contra el narco. Y es indicio del grado de penetración del crimen organizado en espacios de poder público. Cavar un pozo enorme para enterrar decenas o centenares de cadáveres requiere mucha impunidad. Más aún cuando las fosas no se abren en parajes aislados sino también en comunidades y pueblos, a la vista de pobladores y fuerzas de seguridad.

Para peor, los entierros ilegales son un fenómeno vigente. Es difícil saber cuántas fosas activas pero no descubiertas existen en territorios controlados actualmente por el narco u otras redes criminales. La búsqueda de desaparecidos mexicanos tiene una particularidad que la hace diferente, por ejemplo, de la experiencia posdictatorial argentina: en México, la espiral de violencia sigue en pleno ascenso.

La ineptitud forense del Estado victimiza por segunda vez a los desaparecidos. Negligencia en las exhumaciones, registros laxos de los NN bajo resguardo de las fiscalías e información incompleta, fragmentaria o contradictoria son moneda corriente en las investigaciones. Tampoco existe un protocolo homologado a nivel nacional para que las fiscalías estatales compartan un criterio común de registro de las fosas y los restos hallados, lo que impide obtener estadísticas confiables en materia de desapariciones.

“Dentro del área forense hay que crear o depurar grandes registros nacionales que hoy no existen o existen parcialmente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Registro de Restos No Identificados o No Reclamados, Banco de Datos Forenses, Programa Nacional de Exhumaciones”, detalla Doretti.

Para enfrentar ese panorama, AMLO presentó el lunes pasado un plan estratégico de once puntos. Algunos de los más destacados son:

  •  Creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense antes de julio de 2019.
  •  Desembolso de 21 millones de dólares este año para implementar el proyecto.
  •  Designación de un nuevo titular para la Comisión Nacional de Búsqueda.
  •  Prioridad a la búsqueda de desaparecidos en vida.
  •  Aumento de la atención a migrantes, que componen cerca del 10% de las víctimas de desaparición.
  •  Introducción de la figura de “colaboración eficaz” para obtener información y mejora de los mecanismos de protección a testigos.

En el ambiente de los Derechos Humanos casi nadie desconfía de la voluntad política de AMLO para producir un cambio en torno a la cuestión de los desaparecidos. Lo que en el fondo se teme es que no tenga la fuerza o la capacidad suficientes para hacerlo.

“El anuncio está bien, da cuenta de una buena intención y es una novedad que se reconozca el tamaño del desastre, pero ahora hay que ver cómo van a implementar esa política”, advierte el poeta y activista mexicano Javier Sicilia, referente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “El problema no son solo las fosas, sino que la colusión entre Estado y crimen organizado en México es muy profunda. Para que eso cambie se necesita una política de Estado, no una política de gobierno”.

Sicilia decidió abandonar la poesía y dedicarse a la lucha por los derechos humanos el 28 de marzo de 2011, cuando su hijo de 24 años apareció muerto a la vera de una ruta en Temixco, Morelos, junto a otros seis muchachos. Juan Francisco Sicilia pertenecía a la franja etaria más castigada por la violencia narco: jóvenes de 17 a 29 años.

“La búsqueda de desaparecidos debe integrarse con un proceso de justicia transicional, cosa que hoy no vemos diseñada ni fue anunciada en los medios –remarca Sicilia–. Sin ello no hay reparación posible”.

Será cuestión de esperar y ver. En principio, AMLO es una novedad para los familiares. Una de las primeras cosas que hizo luego de ser electo presidente el año pasado fue abrazarse con los padres de Ayotzinapa. En los últimos días, impulsó la creación de una fiscalía especial para investigar el caso y prometió protección legal a quienes aporten información sobre el crimen de los normalistas. Es que el caso Ayotzinapa es, al mismo tiempo, síntesis del drama nacional de los desaparecidos y recordatorio del bochorno que fue la gestión Peña Nieto en materia de Derechos Jumanos.


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