Quizás en la provincia de Entre Ríos se esté jugando uno de los intercambios más profundos entre productividad en clave mercados internacionales frente a los reclamos de salud socioambiental de las comunidades. Al menos quedó claro este 4 de abril, cuando el presidente Mauricio Macri declaró en conferencia de prensa en la Sociedad Rural de la ciudad de Gualeguaychú, -municipio que se declaró libre de glifosato e impulsa a la agroecología y a la alimentación sana, segura y soberana como política de estado-, que es irresponsable y falto de fundamentos científicos el fallo que protege a las escuelas rurales de las fumigaciones terrestres por 1000 metros de distancia y aéreas por 3000 metros. Y así como lo dijo, así las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, del Ambiente y las Asambleas de todo el país, salieron a responderle.
Commodities, soja, cosecha récord, desmonte, inundaciones, sequías, transgénicos, dólares. En Argentina, donde el 90 por ciento de la población es urbana, lejos quedan las semillas, la pala, la guadaña o los tractores del imaginario de arraigo. Sin embargo, el campo argentino es emblema, sostén y política nacional. ¿Qué debates le plantea este siglo veintiuno, hiperconectado y feminista, al modelo de producción agroexportador tan histórico como actual?
El drama del glifosato en el campo argentino y una legislación ausente
"No tenés la dimensión de la gravedad del asunto hasta que te pasa un avión fumigador por la cabeza y ves a los gurises descompuestos, vomitando, tirados sobre los bancos con mucho dolor de cabeza, mareados, en la soledad de una escuela rural, en la falta de infraestructura, dependiendo del celular y de la señal que haya. Yo llamaba al hospital de la zona, un hospital rural que tiene un sólo médico, que entonces no podía venir. Tampoco podía cargarme yo a todos los chicos y llevarlos, no tengo ese atributo, no podía hacerlo", describe con ojos vidriosos Mariela Leiva, docente integrante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), sindicato de base de CTERA , en los pasillos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en una Jornada organizada por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición. Este reclamo, llevó a una denuncia en la localidad de Santa Anita, a pocos kilómetros de Basavilbaso (pueblo de Fabián Tomasi, el operador de una empresa de fumigación que falleció el año pasado con una polineuropatía tóxica por la exposición a los químicos) y, después de tres años, se condenó al productor, al presidente de la empresa de aviación y al piloto a un año y seis meses de prisión en suspenso. "Esto va más allá de las ganancias económicas, esto pasa por los Derechos Humanos”, concluye Leiva.
Los docentes de AGMER se levantaron con la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. Pero fue la muerte de Antonella González de 8 años de leucemia por intoxicación el 6 de noviembre de 2017 y la convocatoria de su madre, Natalia Bazán, la que sacudió a la sociedad entrerriana y generó la movilización y unión de las asambleas socioambientales de la provincia en la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta. Desde el 16 de enero de 2018, caminan llueva o hierva el cemento de calor cada semana, inspirados por las marchas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, en las Rondas de los Martes. Con velas, alrededor de la Casa de Gobierno de Paraná llevan en silencio carteles que aseguran que los agrotóxicos matan.
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Vale poner en la discusión que quienes piden que el modelo productivo vire hacia la agroecología (una Ley de Agroecología ya tiene media sanción en la legislatura provincial) llaman a los fitosanitarios o agroquímicos, agrotóxicos, porque los consideran formulaciones químicas de comprobada toxicidad o biocidas según su función porque están diseñados para matar: matan la vida de hongos, de plagas, de hierbas. La Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato, conocido como "mataplantas", como posible cancerígeno y el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA) de la Universidad de La Plata comprobó que la cuenca del Paraná es una de las más contaminadas en el mundo con este y su producto de degradación, el AMPA. También lo encontró en aguas de lluvia, en frutas y verduras y en productos de higiene de algodón como gasas, tampones, toallas íntimas, hisopos.
Este debate en el territorio de las curvas, las ondulaciones, los ríos y riachos, viene danzando con fuerza legal entre la sociedad y el gobierno del peronista Gustavo Bordet desde octubre de 2018, cuando la Justicia provincial falló en primera instancia a favor del amparo presentado por AGMER y el Foro Ecologista de Paraná sobre las distancias de las escuelas para las fumigaciones. El gobierno apeló, y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) vuelve a ratificar el fallo y le pide al gobierno que estudie la situación teniendo en cuenta la preservación de la salud de la población. El 2 de enero se publica el Decreto 4407 que recortaba las distancias a 100 metros por fumigación terrestre. “Nosotros consideramos que se violaba el espíritu del fallo en primera instancia del camarista Oscar Daniel Benedetto y decidimos hacer un segundo amparo pidiendo la nulidad del decreto”, comparte desde Paraná Daniela Verzeñassi, arquitecta miembro del Foro Ecologista. Al empezar este mes, unos días antes de la polvareda levantada por el presidente Macri, el gobierno provincial había apelado el segundo fallo que atendía la demanda y anulaba el decreto de enero. “Como el gobierno apela a este segundo amparo en el que pedimos la nulidad del decreto, se constituye el STJ y les toca a los jueces que habían fallado la vez anterior, pero se excusaron. Nosotros rechazamos esa excusación diciendo que no corresponde al funcionamiento del Tribunal”, continúa la asambleísta. La historia continuará estas semanas.
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Aldana Sasia, una de las abogada a cargo de los amparos explica: “Si no tuviéramos suficiente información científica objetiva, digo objetiva porque es sabido que los estudios de los fabricantes han sido maliciosamente ocultados (se refiere a los tres juicios que la firma Monsanto perdió en Estados Unidos por este motivo, y los 11200 que lo esperan, sólo en Estados Unidos), se podría aplicar el principio de precaución, un bastión del derecho ambiental y el que funciona cuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño temido no ha sido aún comprobada de modo pleno, existe Incertidumbre científica y es justificación para evitar la propagación de un daño”.
La abogada recuerda que con los casos de enfermedad de los niños de las escuelas rurales y con los datos relevados por los campamentos sanitarios a cargo del doctor Damián Verzeñassi de la Universidad Nacional de Rosario, existe evidencia de un notable aumento de enfermedades como labio leporino, leucemia, abortos espontáneos, infertilidad, cáncer, malformaciones congénitas. Pero frente a tamaño reclamo, Sasia aclara: “ninguno de nosotros desea perjudicar la actividad agrícola, no queremos que el campo deje de producir, queremos que se produzca de otro modo, saludable para la población”.
