El paso de Mauricio Macri por la provincia de Entre Ríos levantó polvareda, a raíz de sus declaraciones sobre el uso de químicos para la producción agropecuaria. El Presidente criticó un fallo judicial que impide que se pueda fumigar a menos de mil metros de las escuelas rurales. La decisión de los jueces le puso freno a un decreto del gobernador peronista, Gustavo Bordet, que permitía usar este tipo de elementos hasta a cien metros de los establecimientos educativos.
El mandatario refirió que este medida judicial "pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos" y aseguró que es un fallo "absurdo que no se basa en ningún rigor científico".
Existen dos posiciones absolutamente enfrentadas. Uno de los que apoya la decisión judicial es el abogado ambientalista Enrique Viale, quien sentó su postura ante la consulta de PERFIL: "Nos vimos sorprendidos con las declaraciones aberrantes del Presidente. Yo estoy en París en este momento, junto a organizaciones y políticos que luchan contra el glifosato: cuando les mostré lo que dijo Macri pensaron que era una fake news o que yo les estaba traduciendo mal".
"Macri habló de fertilizantes, cuando se trata de agroquímicos que son probadamente cancerígenos. La semana pasada hubo a nivel internacional dos sentencias que establecieron el carácter cancerígeno de estas sustancias", bramó Viale. Además, el letrado añadió: "El fallo judicial parte del sentido común, no habría ni que discutirlo. ¿Cómo vamos a tirar sustancias probadamente agrotóxicas cerca de escuelas rurales?"
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En la vereda de enfrente respecto de esta temática, el vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, cuestionó la decisión de los jueces. "El amparo presentado por la asociación ambientalista y por el gremio docente prohíbe pulverizaciones a mil metros a la redonda de las escuelas. Con la cantidad de colegios que tenemos en Entre Ríos, esto significa 300 mil hectáreas sin pulverizar", explicó.
"Esto genera un problema que no sólo es económico ni de la soja, es un problema social. Tenemos, por ejemplo, juntas de gobierno (parajes de menos de 2000 habitantes) donde casi el 100% vive, trabaja y produce del sector agrícola ganadero. Y en muchos de esos lugares hay escuelas y se está prohibiendo", añadió el ruralista.
Respecto de su propuesta para llegar a un acuerdo, Guía señaló: "Tiene que haber un Estado presente, eso seguro. Pero con 100 metros de distancia, para poder pulverizar a contraturno de los colegios o los fines de semana, no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente ni atentar contra la salud de los chicos de las escuelas. Estamos ejerciendo una actividad lícita y queremos que los jueces nos escuchen. Esta discusión no va a llegar a ninguna resolución si no nos sentamos en serio, sin fundamentalismos, de un lado y del otro".
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Posturas. Viale consideró que el fallo "no impide producir" sino "producir con agrotóxicos". Desde su visión "la agricultura tiene 10 mil años y el glifosato un par de décadas: se puede producir de otra manera. Hay probadas experiencias de agroecología que demuestran que rinde más la producción sin agroquímicos, ya que estos se cobran en dólares".
Asimismo, el abogado consideró que este tipo de elementos deberían ser prohibidos de manera total, aunque respaldó que se tomen este tipo de decisiones judiciales "para atender la emergencia" en cercanías de escuelas, establecimientos relacionados con alimentos y cursos de agua.
Del lado de la Federación Agraria, Guía insistió con el problema económico y social que, a su entender, generó la Justicia entrerriana con su decisión. "Tenemos el macizo citrícola en el noreste de la provincia de Entre Ríos, que son 52 mil hectáreas y casi la mitad esas hectáreas quedarían sin la posibilidad de aplicar. Y podemos decir lo mismo con tambos, a lo largo y ancho de la provincia, con cuestiones ganaderas, arándanos, pecanes. ¿Quién es el que está más complicado? El productor que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio y no tiene la posibilidad de cambiar su domicilio", sentenció.
JPA EA
