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seminario sobre argentina digital

El riesgo de regular en forma separada puede generar gran confusión

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“Con regulaciones separadas pero que autorizan el cruce entre empresas de telefonía y de televisión, puede ser que un mismo operador, por operar una red que transporta servicios de tv por cable, telefonía e Internet tenga licencias diferentes, que vencen en distintos plazos, pagan tasas diferentes y deba obedecer órdenes de diferentes autoridades estatales”.
El experto español Ángel García Castillejo abrió con esta provocación el seminario sobre “Regulación de la Convergencia” que el grupo de investigación y la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), organizó el jueves y viernes en la Cámara de Diputados.
El Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, presentó desafíos de defensa de la libertad de expresión en contextos de digitalización y los recientes estándares para que la migración a la televisión digital. Valentina Delich repasó los derechos de propiedad intelectual y los conflictos crecientes en entornos digitales.
 El seminario contó con ponencias que analizaron la ley de telecomunicaciones “Argentina Digital” aprobada en diciembre y que se halla en proceso de implementación a través de la reglamentación que constituirá la autoridad regulatoria (AFTIC). Eduardo Bertoni, Hechoch Aguiar, Ricardo Porto y otros especialistas nacionales y del exterior se refirieron a la variada gama de normas vigentes que colisionan en el marco de la convergencia entre medios, telecomunicaciones e Internet. Guillermo Mastrini, Gustavo Arballo y Graciana Peñafort debatieron sobre la ley audiovisual.
Antes, el diputado nacional Mario Oporto (FPV) había valorado los aportes de la academia para fundamentar mejor la toma de decisiones en temas estratégicos como los que refieren a la producción y circulación de información. Martín Becerra, director del Programa de Investigaciones sobre Espacio Público e Industrias Culturales de la UNQ, brindó indicadores del alto grado de concentración de la propiedad que tienen estas actividades, que ameritan una continua revisión de los marcos regulatorios.