El procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por la causa de la ex Ciccone y el caso Lázaro Báez, que incluyó una suspensión –ya revocada– al fiscal José María Campagnoli, son algunos de los casos que pusieron a la corrupción una vez más en el centro del debate político en Argentina. Con estos episodios como telón de fondo –y para tratar de responder a interrogantes que en la Argentina parecen arraigados históricamente–, expertos se reunieron en el Tercer Congreso de Etica, Transparencia y Compliance Anticorrupción. Estas jornadas –que fueron organizadas por las Cámaras de Industria y Comercio Argentino-Alemana, la Cámara de Comercio Argentino-Británica, BDO Argentina, el estudio jurídico Marval, O’Farrell & Mairal y la Universidad de San Andrés– tuvieron como propósito fortalecer los programas de las empresas y entidades privadas para prevenir la corrupción y dar respuesta a los temas de ética y transparencia.
Fernando Gamiz es director de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO Argentina. Patricia López Aufranc es abogada de Marval, O’Farrell & Mairal. Ambos fueron expositores del congreso y dialogaron con PERFIL acerca de las causas y los efectos de la corrupción en la sociedad.
¿Por qué aparece la corrupción? ¿Es un problema individual o social? ¿Cómo afecta a la comunidad? Para López Aufranc, la sociedad “debería revisar su cultura”, ya que sostiene que en Argentina “no se cumplen las normas”. Lo explica con una anécdota: “Yo escuché un día en Pinamar, en un bar, a un señor que le decía a otro: ‘A Uruguay no se puede ir. Tu hijo atropella a alguien con el cuatriciclo y lo meten preso’. Me quedé helada. Venía a Pinamar, que puede atropellar tranquilo y no pasa nada”.
La cuestión de los “premios y castigos”, para la abogada, es otro factor central. Asegura que una persona que cometió un fraude millonario, si no tiene antecedentes, suele ser sancionada con una probation. Sobre esto, aclara: “No está mal que haya probation, pero si te robaste tres millones y sólo conseguís eso como castigo, no es muy pesado”. Por eso pide un cambio cultural que incorpore “valores éticos muy arraigados, donde el que hace algo mal tenga una condena social y una condena jurídica”.
Chances. ¿Qué factores aumentan las posibilidades de fraude? ¿Se puede dividir a la gente entre honestos y corruptos? ¿Qué rol juega el contexto personal y social? Gámiz cita el “triángulo del fraude”, del sociólogo Donald Crassey, que define tres elementos clave para la corrupción. El primero es la presión: “Es el deseo de mantener un nivel de vida por encima de tus recursos”. La segunda condición es la oportunidad, que depende de los controles del organismo o la compañía. Y el tercer factor –más del orden de lo psicológico– es la racionalización: “El que comete un fraude no se ve a sí mismo como un criminal. Hay un proceso de justificación”.
López Aufranc asegura que “la mayoría de la gente es honesta”, pero subraya que hay contextos más propicios para la corrupción, en los que se combina la necesidad, el deseo y la oportunidad: “En general son personas que están en aprietos financieros, que son jugadores, que tienen un chico enfermo o que quieren aparentar”. Que se dé la oportunidad, para la abogada, es clave: “La gente puede pasarse una vida de honestidad y ser corrupta por primera vez a los 50 años”.
¿Entonces cualquiera puede cometer actos de corrupción? Gamiz señala que hay tres clases de personas: un 5% de la gente, que es totalmente honesta y “es capaz de perder la oportunidad de su vida con tal de respetar un semáforo”, otro 5% que es absolutamente deshonesta, por lo que “siempre va a estar pensando cómo sacar ventaja en forma desleal”, y un 90% restante que “es honesto según las circunstancias”. Por eso, es tajante: “Ese 90% de la gente, según el momento de su vida que esté atravesando, se puede volcar hacia la honestidad o no”.
—¿Cómo está Argentina en materia de corrupción?
GAMIZ: Argentina está mal. No lo digo yo en función de mi opinión personal, sino viendo datos de Transparencia Internacional. Estamos en la media de América Latina, cerca de Brasil o de México. Lamentablemente, estamos más lejos de Canadá, que está entre los primeros, que de Haití, que está entre los últimos.
—¿Qué consecuencias genera la corrupción en términos sociales y económicos?
G: Yo creo que el principal impacto para un país es la mala reputación. Si vos tenés un entorno estatal –ya sea a nivel nacional, provincial o municipal– en el que la corrupción se transmite y hay una percepción de impunidad. En muchos países, ser argentino es sinónimo de coimas: me ha pasado de tener que sentarme con oficiales públicos extranjeros, por motivos de trabajo, y lo primero que me dicen es “Quiero dejar algo claro de entrada: yo no te pido nada y tú no me ofreces nada”. ¡De antemano abren el paraguas!
—¿Cuáles son las claves para la lucha contra la corrupción en Argentina?
LOPEZ AUFRANC: No va a haber lucha anticorrupción si la sociedad no se da cuenta que a la larga perdemos todos. La sociedad tiene que darse cuenta y exigir. Si le preguntás a cualquiera cuáles fueron los presuntos casos de corrupción en los últimos diez años, no se van a acordar. La bolsa de Felisa Miceli, el caso Skanska, la valija de Antonini Wilson. ¡Una valija con 800 mil dólares! Para tener una república, tenés que tener poderes independientes, si no, es muy difícil decir que uno tiene una república. Y para tener democracia tenés que tener educación. El cóctel de deficiencia de educación y deficiencia de separación de poderes hace que la democracia y la república no sean todo lo buenas que uno quisiera.
Soluciones. ¿Qué marcos legales existen en el mundo? ¿Cómo actúan las leyes anticorrupción? Gamiz destaca la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de Estados Unidos, y la Ley del Soborno del Reino Unido, a las que agrega una más reciente, la Ley Anticorrupción de Brasil. Esta norma, sancionada por Dilma Rousseff en agosto de 2013, establece que las compañías deben responder por los sobornos pagados por sus empleados, lo que las obliga a llevar a cabo mecanismos de monitoreo para prevenir la corrupción. Explica que, para evitar las multas, las empresas tienen que demostrar que “están haciendo los deberes” en el campo del monitoreo interno y que, pese a eso, logró imponerse el acto ilícito de un gerente o subordinado particular. Sobre esto, recuerda un caso en Estados Unidos: “El Banco Morgan evitó que el Departamento de Justicia fuese contra los directivos de ese banco, ya que ante una irregularidad, pudo demostrar que ellos tenían un plan de cumplimiento, pero que hubo una persona particular que cometió una conducta prohibida”.
—¿El dinero que se va en corrupción es tanto como para cambiar la vida del país?
G: Sí, yo me animo a decirte que sí. Lamentablemente es algo tan antiguo como el imperio romano. Según la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados hay 3,7 trillones de dólares en el mundo al año que se va por fraude, tanto privado como público. Llevado al de Argentina da algo así como 25 mil millones de dólares. Si no hubiese corrupción se viviría mucho mejor.
—¿Estarían de acuerdo con declarar imprescriptibles los delitos por corrupción?
L.A.: Sería un incentivo importante. Como las causas duran 10 o 12 años, a la larga prescriben. Son difíciles, se apelan y duran eternamente, por lo tanto, el riesgo de cometer un error es muy grande. Es para analizar en algunos casos. Hoy, se puede saber todo lo que se quiera saber, es muy difícil esconder todo. Las rutas del dinero cada vez son más formales. Las normas antilavado y las reglamentaciones bancarias hacen que sea mucho más difícil que el dinero no se pueda rastrear.
“El cambio tiene que venir de una demanda social”
¿Cómo se aplican las leyes? ¿Qué rol debe cumplir la Justicia? ¿Qué antecedentes hay en la lucha contra la corrupción? Los especialistas rescatan la experiencia del mani pulite (manos limpias), el proceso judicial que llevó a cabo el fiscal italiano Antonio Di Pietro en 1992, con el objetivo de enfrentar la corrupción del sistema político de ese país. Este proceso –en el que se investigó a políticos y empresarios– culminó en la implosión del sistema político de Italia y la desintegración de dos de sus principales fuerzas: la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.
Para ambos sería positivo llevar a cabo una investigación similar en Argentina, pero López Aufranc no lo ve posible, ya que sostiene que tendría que haber una sociedad mucho más activa. “En Italia la sociedad decidió cambiar y proteger a los jueces, a los que mataba la mafia”, enfatizó. En cambio, no cree que ocurra lo mismo en Argentina, donde ve una sociedad mucho más pasiva en temas de ética y transparencia: “El cambio tiene que venir de una demanda social. Acá la gente habla de corrupción, pero nadie tira la primera piedra”.
Gamiz diferenció el proceso italiano de la propuesta de crear una “Conadep de la corrupción”, impulsada por una parte del espectro opositor argentino, para revisar los ilícitos cometidos en la esfera pública durante las últimas décadas. Si bien le parece interesante, observó una diferencia central: “Acá no es un acuerdo entre todos, sino que es promovido por un sector”. Y agregó que lo principal no es sólo revisar lo que ya pasó sino “decidir cómo hacemos para que no pase otra vez”.
El panorama es otro cuando los ilícitos son de carácter corporativo. López Aufranc cree que, si eso ocurre, no hay margen para ser optimista: “Cuando la corrupción viene de arriba, no tiene arreglo. La corrupción es virósica. Si los dueños de las empresas roban, ¿cómo el chofer no se va a quedar con unos litros de nafta?”.
