Las derivaciones de la pandemia agudizaron la preocupación por el formato y el desempeño de las instituciones. Son evidentes los problemas de eficacia del Estado en general y de la Justicia en particular. Rápidamente circulan ideas para hacer reformas, pero todas hacen a un lado la dimensión moral
En efecto, muchas disposiciones de las autoridades chocaron con el problema de la obediencia de la ley. No me refiero tanto a la desobediencia absoluta, sino a esas pequeñas acciones que en su ambigüedad las truncaron total o parcialmente. Probablemente la creatividad para eludir el encierro es el supuesto paradigmático. Allí yace un problema estructural en el que no toda la responsabilidad toca a los funcionarios. Me ocupé largo y tendido del tema en República de la impunidad. Ahora voy a detenerme en un aspecto de una cuestión que se discute por estos días y que, aunque los ojos se concentran en la Justicia, nos incumbe a todos. Hablo del espionaje ilegal.
Procesos. Retengamos una premisa básica: solo los jueces pueden permitir el espionaje en supuestos muy específicos. Desde hace tiempo esa premisa tiembla. Ahora hay muchos procesos judiciales sobre ese tópico. No me voy a ocupar de ninguno de ellos en particular. Me interesa el marco en que se desenvuelve la discusión en la arena pública. El debate, lamentablemente, está reducido a dos grupos. Por un lado, quienes reclaman el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Por el otro, se responde que las prácticas denunciadas se produjeron con respaldo legal porque fueron ordenadas por jueces y a veces se las relativiza porque “siempre ocurrieron estas cosas”. Los contornos de la discusión eluden las cuestiones morales.
El espionaje, en términos de formato del sistema político, supone el uso ilegal de un resorte público con fines particulares. Atraviesa hace muchos años el funcionamiento del Estado y es un rasgo cultural heredado de la última dictadura militar de 1976-1983. Durante el gobierno de facto asistimos al desdoblamiento del aparato institucional en un plano legal y en otro ilegal. El Estado registraba nacimientos y casaba a algunas personas mientras secuestraba a otras y las llevaba a los centros de detención clandestina fuera del lenguaje de la ley, aun de las propias leyes que producía ese gobierno instituido contra la Constitución nacional. Con el espionaje ocurrió algo similar. Desde 1983 la democracia convivió con este hábito.
Fuera de control. Un reto para la construcción democrática de la república, entonces, se inscribe en el desafío de someter a la Constitución eso que Norberto Bobbio llamó el sottogoverno, para definir a los poderes que viven por debajo de las instituciones formales y que permanecen fuera del control de los ciudadanos. Pero ese desafío no se arregla solo con leyes. Gran parte del problema es la obediencia a la ley. Ello quiere decir que el problema remite a cambiar prácticas. El caso del espionaje es fantástico para dar un paso en ese sendero. ¿Por qué? Porque los protagonistas de los hechos son en su gran mayoría dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos. Es decir, personas con altísimas responsabilidades en la vida pública que pueden dar buenos ejemplos. Ellos tienen en sus manos la chance de ser leales con la Constitución en un sentido doble.
En efecto, pueden colaborar con la Justicia y contar todo lo que sepan sin especulaciones egoístas (es muy frecuente que se diga una cosa en los medios y otra en los tribunales). Además, pueden comprometerse moralmente hacia el futuro. Por ejemplo, hacer acuerdos ético-políticos para que en lo sucesivo no se utilice el aparato de inteligencia de manera ilegal y con fines particulares. El Congreso es un ámbito magnífico para ello. En otras palabras, todos debemos cambiar algunas costumbres porque los hechos sociales no caen del cielo. Son el resultado de múltiples comportamientos individuales.
Ética. La cuestión de cambiar las costumbres es muy compleja y obviamente no me voy a ocupar de ello. Simplemente quiero decir que el pensamiento transhumanista, tan en boga estos días, apunta a cambiar al hombre “desde afuera”. Sostiene que no tenemos remedio, pero que con la tecnología podemos programar la evolución y así modificar nuestros actos. Felizmente también persisten algunas guías de acción para cambiar al hombre desde “adentro”, para que nuestras acciones busquen el bien. Aristóteles se ocupó de ello en la Ética a Nicómaco.
En el siglo IV antes de Cristo el estagirita concibió la ética como la búsqueda del bien a través de las prácticas: “El bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden”. La ética es el camino hacia la buena vida y se juega en las prácticas que nos hacen virtuosos; “adquirimos las virtudes como resultado de actividades anteriores”, de modo que “practicando la justicia nos hacemos justos”. Ser buenos ciudadanos, entonces, es un trabajo moral.
El espionaje ilegal debe ser juzgado. Pero subordinarlo a la Constitución depende de una dimensión ética, capaz de transformar los hábitos colectivos. Ahora la dirigencia puede iluminar con su ejemplo. Si lo hace, dará un paso hacia el horizonte normativo de la república: la libertad, la igualdad y la fraternidad.
*Fiscal penal federal.
