En la Procuración Penitenciaria de la Nación el teléfono suena casi todos los días. Del otro lado, hay palabras que se repiten: golpes, balazos, quebraduras. Se trata de denuncias sobre casos de torturas entre presos o con penitenciarios. Una práctica reiterada que denuncian tanto organismos de derechos humanos como veedores, que afirman que “ningún gobierno se le animó a meterse a fondo al sistema carcelario. Es una de las grandes deudas que tiene la democracia”.
“Entró la requisa al pabellón gritando que mirásemos hacia la pared. En un momento me di vuelta y miré a la jefa de Seguridad Interna, que me gritó que volviera a mirar la pared. En ese momento otro agente de requisa me puso las manos contra la pared y la jefa me cerró la puerta sobre el dedo pulgar y me lo fracturó”. El relato, aportado por la PPN y cuya identidad se mantiene en reserva, pertenece a un interno del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
En el CPF II de Marcos Paz, la historia es parecida. “(…) El resto de los pibes estaban 'engomados' y empezaron a hacer ruido y a gritar para que dejen de pegarme. Ahí me 'crickearon' (esposado con las manos por detrás) y me llevaron a un cuarto en la redonda. Ahí me siguieron pegando patadas y piñas, y empecé a sangrar. (…) Recién a los dos días me llevaron al hospital donde me pusieron un yeso y me dieron un calmante para el dolor”.
PERFIL accedió a un adelanto del boletín de la PPN, que afirma que en 2015, fueron 38 las muertes bajo custodia, 19 de ellas violentas, y que fueron 775 los casos de agresiones físicas registrados y constatados por el organismo, que “confirman una persistencia de la violencia física como estrategia privilegiada de gestión y control del orden interno en las prisiones federales”: 730 casos han sido registrados para el año 2013 y 823 para el año 2014.
Voz oficial. Frente a este panorama, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Bautista Mahiques, le aseveró a PERFIL que “resulta auspicioso que el índice fue decreciendo desde 2004” y que consideran que “la formación del personal penitenciario bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos constituye un aspecto fundamental para erradicar la violencia institucional y las prácticas de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes en nuestras cárceles”.
Por otra parte, Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, agrega que “ante las torturas y otras vulneraciones, la intervención esperable es una actitud presente del Ejecutivo Nacional, que asuma un control político sobre la administración penitenciaria que no puede ser liberada a su propia autogestión”.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, responden: “Somos conscientes de que los marcos nacionales e internacionales de prohibición de la tortura son claros y están para cumplirse.
En esa dirección se está pensando la reforma, apuntando a la profesionalización del personal penitenciario bajo el paraguas de los derechos humanos, y propiciando la conducción civil de los programas de tratamiento de las personas privadas de su libertad”.
Avances. Cabe destacar que durante 2015 se registraron las primeras sentencias condenatorias por casos de torturas en cárceles federales, “aunque continúan siendo casos aislados en un contexto de limitados avances en las investigaciones judiciales. Incluso hubo mucha insistencia en menospreciar los casos de torturas definiéndolos como meros apremios ilegales¨, detalla Mugnolo.
A este escenario de violencia institucional “rutinizada y estructural”, según Mariano Hernán Gutiérrez, abogado y criminólogo de la Asociación Pensamiento Penal, hay que sumarle que “no solamente se trata de golpes o tortura, sino también de la violencia bajo un sistema de premios o castigos al prohibir o facilitar derechos, como traslados, educación, acceso al trabajo o a su defensor.
Sobrepoblación. En Argentina, según números oficiales, las cárceles federales funcionan con una ocupación cercana al 90% de su capacidad. Pero los organismos que velan por los derechos de los penitenciarios ponen en duda la veracidad de estas cifras.
Desde la PPN aseguran que “no resulta ni certero, ni creíble porque la capacidad de alojamiento se define de forma arbitraria sin que medie opinión calificada o idónea”.
Para Gutiérrez, “este problema tiene varias aristas: una es la metodológica porque no es confiable cómo se arman esas estadísticas. Se calcula en promedios, y otro de los grandes problemas es el traslado a lugares lejanos como una forma de castigo”.
Mahiques le reconoce a PERFIL que están “trabajando para mejorar la fidelidad y transparencia de las estadísticas y que el SPF atraviesa diversos inconvenientes en materia edilicia, tecnológica, y de recursos humanos y materiales. El problema de la superpoblación es una demostración de que debemos apuntar a la integralidad de la reforma, lo que demanda el compromiso mancomunado de los poderes del Estado”. Ellos destacan que se encuentran en construcción cuatro nuevas cárceles federales, en Mendoza, Mercedes, Santa Fe y Jujuy, más obras de ampliación.
Reforma legal. Una de los puntos en los que hace hincapié el funcionario Mahiques es “la reforma de la ley 20.416, que fue sancionada en 1973 por un Gobierno de facto, subsidiaria de una estructura militarizada que responde a la lógica de seguridad, por sobre la lógica de integración social de las personas privadas de su libertad. Reformar esta ley es una deuda pendiente de la democracia y del Estado de derecho. Además del impulso de una postergada y necesaria ley de cupo”.
Gutiérrez, de la Ong Pensamiento Penal afirma que hay que estar atentos a este cambio ya que teme que “refuerce este paradigma de premios y castigos irregulares o ilegales".
