Con la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, Argentina daba cierre al período más negro de su historia. Pero, a pesar de los cambios, hubo una maquinaria que nunca se desactivó: la de la desaparición de personas.
El documental Antón Pirulero del cineasta Patricio Escobar, que se proyecta en el Cine Goumont, recoge 9 de los casi 200 casos de desaparición forzada post dictadura. PERFIL estuvo presente en el preestreno realizado en la agencia Télam, del que participaron la directora de la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú; la militante social y hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta; y la especialista en derechos humanos y abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia.
A pesar de la recuperación de la democracia, hubo una maquinaria que nunca se desactivó: la de la desaparición de personas
Los archivos de la CORREPI registran alrededor de 200 desapariciones forzadas, desde el 10 de diciembre de 1983, entre las personas que fueron halladas muertas tiempo después y aquellas que nunca aparecieron. La misma fuente registró 5462 casos de gatillo fácil desde ese año. Las estadísticas revelan un patrón común de víctimas: jóvenes pobres de barrios humildes.
Al respecto, la abogada Verónica Heredia explicó que “para que haya una desaparición forzada, que es el crimen de crímenes de un Estado, tiene que funcionar toda una maquinaria criminal” y amplió: “Una privación de la libertad por parte de un policía que tortura, mata y desaparece es posible porque existen fiscales y jueces que no actúan sobre ese hecho”.
Las estadísticas revelan un patrón común de víctimas: jóvenes pobres de barrios humildes.
Casos. Tan solo catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia, José Luis Franco, de 23 años, desapareció en la ciudad de Rosario. Los vecinos denunciaron que fue detenido por el Comando Radioeléctrico y luego se supo que fue traslado a la Comisaría 11.ª. José Luis se convirtió en el primer desaparecido de la era democrática. Su cuerpo fue hallado en un descampado meses después.
El 17 de agosto de 1993, Miguel Bru fue visto por última vez en la Comisaría 9.ª de La Plata. El joven estudiante de periodismo había denunciado hostigamientos policiales desde hacía meses. Gracias a los testimonios de los detenidos esa noche, se supo que fue torturado y asesinado por los policías Walter Abrigo y Justo López, condenados a prisión perpetua en un juicio histórico, en 1999. El cuerpo de Miguel sigue sin aparecer.
El cuerpo de Miguel Bru sigue sin aparecer.
Jonathan “Kiki” Lezcano y su amigo Ezequiel Blanco fueron asesinados a balazos en la Villa 20 de Lugano el 8 de julio de 2009. El principal acusado es el policía Santiago Daniel Veyga, quien fue sobreseído dos veces en primera instancia y absuelto en juicio oral, a pesar de que las pruebas lo señalan como único asesino. El cuerpo de Kiki fue hallado dos meses después enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.
El 31 de enero de 2009 Luciano Arruga salió de su casa en La Matanza. Nunca volvió. Su familia no supo nada más de él hasta el 17 de octubre de 2014, cuando apareció muerto, enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Horas antes de su desaparición, el joven de 16 años había sido detenido por la Policía Bonaerense.
Luciano Arruga apareció muerto. Horas antes de su desaparición, el joven de 16 años había sido detenido por la Policía Bonaerense.
Vanesa Orieta, referente en la lucha por los derechos humanos y hermana de Arruga, contó las situaciones que viven los familiares de las víctimas: “La tortura sistemática que sufrimos nosotros cuando no accedemos a la verdad y a la justicia nos llena de dolor y bronca. Las vidas se pierden producto de un aparato que decide poner a la vista de la sociedad un prototipo de persona peligrosa que da con la característica de nuestros pibes”.
Por su parte, María del Carmen Verdú explicó que durante el gobierno de Cambiemos se observa un recrudecimiento de la violencia institucional, a tal punto que, según las últimas estadísticas de la CORREPI, desde diciembre de 2015 se produce una muerte cada 23 horas a manos de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. “En el actual Gobierno está claro que la política represiva ha llegado a niveles inéditos desde diciembre de 1983. Hace varios meses que venimos hablando de la restauración de facto de un verdadero estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías”, manifestó.
Según las últimas estadísticas, desde diciembre de 2015 se produce una muerte cada 23 horas a manos de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad
Justicia para pocos. El Código Penal de la Nación reconoce en su artículo 142 ter el delito de Desaparición Forzada de Persona: “Se impondrá prisión de diez a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas (…)”.
Al respecto, Orieta explicó que cuando una persona denuncia una desaparición forzada en un barrio humilde, es muy común que los jueces tomen el caso bajo la carátula Averiguación de Paradero, la cual establece que la persona perdida puede haberse ausentado por sus propios medios. Esto fue lo que ocurrió en el caso Luciano Arruga, cuya causa recayó en el Juzgado Número 5 de La Matanza. “La causa, a cargo del juez Gustavo Banco, estuvo cuatro años caratulada como averiguación de paradero y no como desaparición forzada. Un año y medio nos pincharon los teléfonos a los familiares. Se puso a investigar la causa a los mismos policías que denunciábamos. Todo eso trajo daños irreparables para nosotros”, contó Orieta.
La última carta que tienen los familiares de las víctimas ante la indiferencia judicial es la presentación de un habeas corpus, que en el artículo 43 de la Constitución Nacional expresa: “Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio".
Heredia contó que los jueces suelen rechazar este procedimiento legal. “No podemos entender las razones por las que los jueces rechazan los habeas corpus si no entendemos cómo funciona todo el sistema. Los jueces están obligados a dar lugar a un hábeas corpus, pero lamentablemente muchos magistrados forman parte de toda esa maquinaria de desaparición”, concluyó.
GG CP
