Balazos de goma, manifestantes tirando piedras, diputados agredidos con gas pimienta y perros, detenciones, trabajadores de prensa heridos, legisladores a los empujones dentro del Congreso, policías atacados, todos estos episodios mostraron una de las peores caras de la Argentina: el país de la violencia y de la intolerancia.
Estas situaciones de extrema tensión se han dado a partir de las manifestaciones en contra de la reforma previsional. Sin embargo, días antes también se habían registrado episodios de disturbios por la visita de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y hemos dado un espectáculo lamentable que representantes de diversos países del mundo vivieron más cerca que nunca.
La protesta social es un derecho y aunque muchos formadores de opinión eviten mencionarlo es un derecho Constitucional y es el mecanismo por medio del cual la ciudadanía expresa, muchas veces, su disconformidad con alguna política o situación que limita, modifica y afecta derechos generalmente de los grupos más vulnerables.
Hay estándares internacionales que rigen para contener este tipo de episodios y evitar llegar a los límites a los que llegó en los últimos días, donde manifestaciones pacíficas terminaron con actos de violencia de todos lados absolutamente repudiables. En estos últimos treinta años de democracia hemos sido espectadores de diversas formas de movilización y protesta. Movilizarse en nuestro país para manifestar disconformidad pacíficamente, no es cómodo, pero no es condenable. Es parte del juego democrático.
Cuando un gobierno, en cualquier lugar del mundo, afecta los ingresos de los adultos mayores sin considerar otras opciones, votando una ley sin el debate participativo que una democracia robusta merece, en un proceso maratónico, rodeando la casa de los representantes del pueblo de todo tipo de fuerzas de seguridad, hay algo que está mal. Ese escenario no es solo aterrador sino provocador. El gobierno tiene que reflexionar al respecto porque los costos han sido muy altos. Seguramente no tanto como para haberlo hecho de este modo, sino no se entiende. El tiempo dirá.
El sistema internacional de los derechos humanos ha entendido que si bien la libertad de expresión y de reunión no son derechos absolutos, y no es posible justificar actos violentos o delictivos simplemente porque han sido cometidos en el marco de una manifestación, cualquier limitación “debe responder a una rigurosa justificación” y sólo proceder conforme las causales y condiciones establecidas en los tratados internacionales.
Todo derecho a la libertad de expresión y reunión debe estar basado en una ley que, por ser relativa al ejercicio de los derechos humanos, debe estar redactado en términos lo suficientemente precisos para impedir que las autoridades ejerzan un poder indebido y desmedido a la hora de restringir estos derechos. Una buena pregunta sería conocer bajo qué norma se generó el operativo de días pasados.
Para que quede claro: no se busca la inacción estatal frente a disturbios que reclaman control, sino que es necesario definir los límites que el Estado debe respetar en esa actuación. Por ello es imperioso garantizar que el uso de la fuerza sólo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente; y que se establezcan medidas especiales de planificación, prevención e investigación a fin de determinar el posible uso abusivo de la fuerza. Incluso, aunque los manifestantes actúen de manera violenta, la policía debe distinguir entre quienes actúan de forma violenta y quiénes no. Si sólo una minoría de los manifestantes actúa con violencia, el hecho de que la policía utilice la fuerza contra los manifestantes en general contraviene el principio de proporcionalidad y uso mínimo de la fuerza. En esos casos, toda acción policial debe ir dirigida contra esas personas en particular.
Es necesario garantizar que las fuerzas policiales estén preparadas para hacer frente a situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos; capacitadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ingenuo sería preguntarnos si en Argentina nuestras fuerzas de seguridad están preparadas realmente y capacitadas. Al menos los hechos de estos días, no lo demuestran.
El Estado debe garantizar que tanto sus políticas, sus leyes y sus prácticas cumplan las obligaciones contraídas por Argentina en virtud del derecho internacional. La promoción y protección de los derechos humanos requiere no sólo un marco jurídico adecuado sino también esfuerzos constantes para garantizar su aplicación efectiva. En los últimos días hemos sido espectadores de una Argentina que no queremos. De una violencia inusitada, tanto del Estado como de sectores de la sociedad minoritaria. Este no será el último caso que la ciudadanía no acuerde con las políticas del gobierno. El desafío es pensar cómo vamos a transitar este proceso de cara al futuro. Todos tenemos una autocrítica para hacer. El gobierno, la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.
(*)Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
