En Brasil, la sentencia judicial que confirmó la condena al expresidente Lula Da Silva a casi nueve años de prisión por delitos de corrupción generó un amplio debate. Para el abogado y especialista en ética pública Alejandro Drucaroff Aguiar, la "trascendencia" de la sentencia del Tribunal Superior, en la que cuatro jueces ratificaron la decisión y le redujeron al exmandatario el monto de su pena, puede servir para analizar "acerca de la obligación de los gobernantes de someterse a la la ley".
"La sentencia confirma, por tercera vez y en forma concluyente, que el ex presidente debe ser condenado por crímenes de corrupción", expresa el letrado en una columna de opinión del medio Buena Vibra . "Queda claro, a partir del fallo, que los intentos de minimizar la responsabilidad de Lula o calificar las causas en su contra de 'persecución política', carecen de todo sustento" porque "ocho jueces de tres instancias han establecido que ha delinquido y le han impuesto, por ello, una severa sanción penal", agrega.
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Según Drucaroff Aguiar, "la convivencia civilizada de nuestras sociedades se basa esencialmente en la vigencia de la Ley" y "quienes acceden a cargos públicos no sólo deben someterse a la Justicia cada vez que les sea requerido sino que les compete dar el ejemplo en ese sentido". Ante esto -asegura- los que ejercen el poder, sea político o económico, tienden a considerarse "inmunes" a la Ley. "Es como si, conscientemente o no, se atribuyeran la libertad de incumplirla y el privilegio de no poder ser sometidos a la Justicia. De allí que toda causa en su contra sea catalogada –por ellos o sus seguidores- como una persecución", afirma.
De acuerdo a su opinión, existen decenas de episodios para citarse como ejemplo. "Hace algunos días, otro ex presidente de un país latinoamericano, Alan García del Perú, se suicidó en momentos en que una comitiva policial iba a detenerlo en su domicilio en cumplimiento de una orden judicial", expresa, y asegura que Alan García" no toleró la idea de ser juzgado" y de verse sometido a los Tribunales de su país. "Lo expresó con claridad en la carta que dejó antes de quitarse la vida en la cual textualmente dice 'He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos'", recala.
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Drucaroff Aguiar concluye que en nuestras sociedades democráticas, más allá de sus evidentes limitaciones y dificultades, "cada persona está obligada a someterse a la Ley" y que, si quienes pueden eludirla lo hacen y se colocan por encima de ella, "el sistema mismo queda totalmente desvirtuado". "Las imperfecciones de la democracia son muchísimas pero siempre nos dejan abierta la posibilidad de corregirlas mediante la expresión de la voluntad popular", finaliza.
AB/FeL
