Las peores versiones extraoficiales resultaron ciertas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó ayer el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra, los tres trabajadores del diario El Comercio de Quito que habían sido secuestrados el pasado 26 de marzo por un grupo armado disidente de las ex FARC, en la frontera con Colombia. Al cierre de esta edición, sus cuerpos aún no habían sido recuperados y las autoridades ecuatorianas y colombianas se preparaban para lanzar una ofensiva militar coordinada sobre la zona del secuestro.
Luego de varios días de rumores de todo tipo, las presunciones sobre la muerte de las víctimas tomaron fuerza el jueves, cuando el canal colombiano RCN entregó al gobierno ecuatoriano fotos de tres cadáveres que supuestamente correspondían a los secuestrados. Esas imágenes circularon en las redes sociales pero casi todos los medios evitaron publicarlas. Tras el análisis de las fotografías, Moreno dio un ultimátum de doce horas a los captores para que ofrecieran pruebas de vida. El plazo se cumplió ayer y, poco después, el mandatario confirmó que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados a balazos.
“Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, anunció Moreno, quien debió abandonar la Cumbre de las Américas en Perú para regresar de urgencia a Quito. Varios de los periodistas presentes en la conferencia de prensa rompieron en llanto cuando se confirmó la muerte de sus colegas. “Estamos de luto pero no nos vamos a dejar amedrentar”, avisó el presidente ecuatoriano, quien más tarde se reunió con el alto mando de las Fuerzas Armadas de Colombia para iniciar acciones de seguridad conjuntas en la frontera.
El equipo periodístico de El Comercio había sido secuestrado mientras realizaba un reportaje en la zona costera de Mataje, en el límite con Colombia. Buscaban retratar cómo se vive en la frontera luego del proceso de desarme de las FARC. Desde principios de este año, esa región se vio golpeada por una ola de ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad que dejó varios muertos y heridos. Los periodistas investigaban el accionar de grupos armados residuales que tienen vínculos con el narcotráfico y aún operan en la zona fronteriza, cuyo dominio se disputa entre desertores de la guerrilla y bandas de origen paramilitar.
Ayer, Moreno también ofreció una recompensa de cien mil dólares a quien aportara información sobre el paradero de Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”, responsable del secuestro y líder del llamado Frente Oliver Sinisterra, integrado por ex combatientes disidentes de las FARC que no suscribieron los acuerdos de paz con el gobierno colombiano y que hoy continúan con sus actividades delictivas en la frontera (ver nota aparte). Guacho, a quien el gobierno rotula como “narcoterrorista”, exigía que las autoridades ecuatorianas excarcelaran a presos de su entorno y que cancelaran un convenio de lucha antiterrorista con Colombia, a cambio de la libertad de Ortega, Rivas y Segarra.
Lugar de los hechos. Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, condenó ayer desde Lima el asesinato de los tres cautivos, aunque aseguró que los hechos “ocurrieron en el Ecuador, con un individuo de nacionalidad ecuatoriana (Arizala Vernaza)”. Sin embargo, en el gobierno ecuatoriano creen que las víctimas fueron trasladadas a territorio colombiano y ejecutadas allí.
En cualquier caso, Ecuador vive con consternación las secuelas de un conflicto armado ajeno, que escapan a su control y de cuyo final definitivo no hay, por ahora, ninguna garantía.
En busca de los cuerpos
En su rol de “intermediario neutral, imparcial e independiente”, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó ayer que recibió la solicitud tanto de las autoridades ecuatorianas y colombianas como del grupo liderado por Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”, para facilitar una posible operación de recuperación de los restos mortales de los dos periodistas y el conductor ecuatorianos secuestrados en la frontera con Colombia. “Aprovechamos esta ocasión para insistir en nuestro llamado a todos los grupos armados para que respeten las normas humanitarias –manifestó Christoph Harnish, jefe de delegación del CICR en Colombia–. La toma de rehenes y la muerte de civiles es un acto condenable desde cualquier punto de vista”. El CICR se puso a disposición de las partes para buscar los cuerpos.
