A partir del próximo jueves, Venezuela entrará en una cuenta regresiva hacia su probable suspensión en el Mercosur. Ese día vencerá el plazo del ultimátum que los demás países miembros le habían dado en septiembre al gobierno de Nicolás Maduro para que adecuara toda la normativa de la nación caribeña a las reglas requeridas por el Protocolo de Adhesión al bloque. Es casi un hecho que las autoridades venezolanas no llegarán a cumplir con tales exigencias. Las cancillerías de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay discuten de qué manera se instrumentará la suspensión, es decir, si será parcial o total.
Luego de su incorporación al Mercosur en 2013, Venezuela nunca terminó de compatibilizar sus leyes con las normas que exige el bloque en materia de comercio, infraestructura, derechos humanos y otros rubros. El país aún debe incorporar 112 resoluciones del Mercosur, para lo que debería activar un largo trámite parlamentario. El gobierno de Maduro aduce que eso no es sencillo, ya que dichas resoluciones chocan con la legislación nacional. Además, la Asamblea Nacional es controlada hoy por la oposición. Y, en plena crisis, la adecuación al Mercosur está lejos de ser una prioridad legislativa.
De todas formas, tras bambalinas todos los actores involucrados admiten que la adecuación normativa no es la preocupación central: lo que realmente se juega con la eventual suspensión venezolana es una carta más de presión regional sobre Maduro para que flexibilice su postura en el diálogo con la oposición y en la búsqueda de una salida a la crisis política interna.
Los coordinadores de los cuatro países fundadores del Mercosur se reunieron el miércoles pasado en Buenos Aires para comenzar a analizar la situación. Fijaron una reunión de cancilleres para el 14 de diciembre, sujeta a confirmación, en la que se tomaría la decisión sobre Venezuela. A su vez, los gobiernos evalúan suspender la cumbre de presidentes del Mercosur que suele celebrarse a fines de diciembre para realizar el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque. Esta vez no hay méritos para exhibir.
Aunque inicialmente se había desmarcado de la ofensiva de los demás socios del Mercosur contra Venezuela, el gobierno de Uruguay tomó la voz cantante sobre el asunto en los últimos días. Tanto el presidente Tabaré Vázquez como el canciller Rodolfo Nin Novoa expresaron que la postura uruguaya es que Venezuela se quede “sin voz ni voto” mientras no adecúe su normativa. Es decir, que siga siendo miembro del bloque pero con sus derechos reducidos al mínimo, como ocurrió con Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo en 2012.
Nin Novoa también deslizó que otros miembros pretenden que “Venezuela no participe más”, y aclaró que su gobierno no está de acuerdo con esa alternativa. Aludía al gobierno de Paraguay, el más duro en sus declaraciones públicas contra Maduro, y por carácter transitivo a Brasil. Sin embargo, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, aclaró anteayer que “la palabra ‘expulsar’ (a Venezuela) no es la más adecuada: lo correcto es una suspensión, una cesación de derechos”.
Apenas asumió su cargo, el presidente brasileño Michel Temer se mostró muy beligerante contra Maduro. Sin embargo, fuentes diplomáticas brasileñas admiten que la cuestión venezolana perdió relevancia en Brasil, ya que la capacidad de incidencia de los países de la región en la crisis interna de Venezuela ya es casi nula. Tal vez por eso quepa esperar una postura más sobria de Itamaraty en el momento de resolver el futuro venezolano en el Mercosur.
Consultadas por PERFIL, fuentes de la Cancillería argentina confirmaron que Venezuela será suspendida, aunque dijeron que debe discutirse si de manera total o parcial. Desde hace meses existen diferencias de criterio respecto de Venezuela entre la canciller Susana Malcorra y otros miembros del gabinete de Mauricio Macri que desearían una presión más intensa de la Casa Rosada sobre Maduro. En cuanto al Mercosur, éstos preferirían la expulsión definitiva de Venezuela. Hasta ahora siempre primó la cautela de Malcorra.
