Una investigación que atraviesa tres países. El Departamento de Estado del gobierno estadounidense reclamó al juez federal argentino Julián Ercolini "precisiones" sobre un pedido de informes en el marco de la causa en la que investiga presuntos pagos de "retornos" de empresarios argentinos para acceder al negocio de venta de maquinaria agrícola a Venezuela, en el denominado caso de la "embajada paralela".
Según informó la agencia DyN, la información está vinculada con una cuenta de la empresa Palmat, virtual intermediaria en las transacciones y donde, según las sospechas relacionadas con la investigación, podrían estar depositados fondos de las "comisiones" pagadas por los contratistas a terceros, que habrían regresado como "retornos" para funcionarios.
El Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama reclamó a Ercolini que especifique qué movimientos de fondos apunta a determinar, y sobre todo, a qué períodos se refiere.
La respuesta al exhorto recuerda que las operaciones a desclasificarse deben ser especificadas, puesto que el resto están protegidas por las leyes federales estadounidenses.
Pese a que hace unos dos años que la causa está en trámite, hasta el momento son prácticamente nulas las pruebas incriminatorias recogidas en el expediente.
El juez Ercolini es el magistrado que tiene a su cargo la investigación sobre Graciela Alfano y su vínculo con el represor Emilio Massera durante la dictadura.
Los vínculos comerciales entre Venezuela y Argentina están siendo investigados desde hace dos años, cuando se desató el escándalo por la llamada "embajada paralela". El ex embajador argentino en ese país, Eduardo Sadous, fue quien denunció que se cobraban presuntas coimas a las empresas que querían ingresar al mercado venezolano y terminó enfrentado al ministro de Planificación, Julio De Vido.
