Tras el shock inicial por el fallo que lo dejó con un pie afuera de las elecciones presidenciales de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta ahora a otro aspecto aún más urgente y preocupante del veredicto judicial: la posibilidad real de ir a la cárcel.
Los jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), que confirmaron la condena a Lula por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero, aumentaron la pena inicial impuesta por el magistrado federal Sérgio Moro y la elevaron a doce años de prisión. Sin embargo, el TRF-4 también determinó que el cumplimiento de la sentencia solo podrá hacerse efectivo una vez que se agoten todas las posibilidades de apelación en segunda instancia.
Eso implica que la prisión de Lula, una eventualidad inédita en la historia de Brasil, se convertirá en una posibilidad concreta luego de que se juzguen los “embargos de declaración” que la defensa del ex presidente aún puede interponer. Se trata de un recurso consistente en pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones u omisiones en la sentencia. Esa objeción debe ser analizada por los propios magistrados del TRF-4 y, por lo tanto, no serviría para voltear la sentencia.
El tribunal tiene un plazo legal de hasta cuarenta días para resolver sobre ese punto, luego de lo cual podría ordenar la detención de Lula. El año pasado, un polémico fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) estableció que la pena de prisión puede efectivizarse tan solo con una condena en segunda instancia, sin necesidad de esperar el veredicto en instancias superiores, lo que puede demorar hasta 2 años.
Ese fallo del STF, aprobado por seis votos contra cinco y objetado por juristas de distintas vertientes, abrió un debate sobre los peligros que implica similar al que se sigue en la Argentina en torno a la cuestión de las prisiones preventivas para ex funcionarios. En la práctica, la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal brasileño no caló tan hondo: en los últimos meses, a varios políticos se les permitió apelar y, mientras tanto, permanecer en libertad.
En el caso de Lula, dos veces presidente y dirigente político más popular del país, las autoridades judiciales se muestran doblemente precavidas. Uno de los jueces del STF, Marco Aurélio Mello, declaró que una detención prematura de Lula resultaría “incendiaria”. El gobierno de Michel Temer también conoce los riesgos. Su ministro de Justicia, Torquato Jardim, pidió “prudencia” ya que “el STF puede cambiar su opinión e invertir el seis a cinco”. Incluso el juzgado de Moro se mostró ayer rápido de reflejos para desmentir un falso pedido de prisión contra Lula que circuló en las redes.
No obstante, las presiones para que Lula vaya preso existen. Ayer se supo que el Ministerio Público Federal sugirió su detención preventiva por un supuesto riesgo de fuga en el marco de la Operación Zelotes, una causa por presunto tráfico de influencias (ver página 34). En paralelo, la cúpula de la Policía Federal dejó trascender en la prensa brasileña que ya planea cómo llevar a cabo su eventual arresto. Más que la Justicia, será la política la que defina.
