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Ciudad de México
Los principales partidos de oposición en México aseguraron que evaluarán a fondo la política de seguridad presentada el jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, pero de entrada señalaron deficiencias en cuanto al combate a la corrupción y a la “falta de autocrítica”.
El mandatario anunció una batería de medidas relativas al funcionamiento de las fuerzas policiales y los gobiernos locales, como respuesta a la ola de protestas por la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses en Iguala, en el estado de Guerrero, a manos de policías en complicidad con el cartel narco Guerreros Unidos.
En un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional, Peña Nieto afirmó que como ciudadano comparte “la exigencia de justicia de la sociedad”.
La maldita policía. El presidente adelantó la disolución de todas las policías municipales (más de 170 mil agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, empezando por los problemáticos estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán (en la parte suroccidental del país) y Tamaulipas (al noreste). A eso se sumará una ley que permitirá luchar contra la infiltración del narco en los gobiernos municipales, uno de los problemas que evidenció el caso Iguala. La reforma permitirá a las autoridades federales asumir el control de los ayuntamientos o directamente su disolución cuando haya indicios de que actúan bajo órdenes criminales.
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, sostuvo que “en materia de combate a la corrupción, lo anunciado es notoriamente insuficiente: el agravio que existe en el país debe tener una respuesta más contundente”. Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, declaró que su agrupación “no dará un cheque en blanco” a Peña.
“Acción Nacional irá haciendo pública su postura detallada sobre cada uno de los temas propuestos, y señalará con toda puntualidad las omisiones identificadas, incluyendo desde ahora la falta de un ejercicio serio de autocrítica en el mensaje”, concluyó el dirigente.