Un asesinato de un militar de alto rango en otro país sin mediar una situación de guerra. Un hecho investigado por un juez y un fiscal con competencia demostrada y con la confesión concreta del autor intelectual del hecho. Tanto el militar muerto como quien asumió la responsabilidad de los hechos pertenecen a dos países miembros de Interpol. Lo sucedido podría ser causa, desde el punto de vista estrictamente legal, para que las fuerzas policiales globales actúen. Hasta ahí, sería una noticia importante. Pero todo puede llevar a la conmoción cuando el sentenciado es el presidente de la principal potencia militar del mundo. Donald Trump y el muerto es el general iraní Qasem Soleimani, un militar de alto rango, muy prestigioso en su país.
Lo cierto es que el fiscal Ali Alqasimehr esta semana solicitó a Interpol la captura del presidente norteamericano. La reacción de la agencia internacional fue decir que no se sumaría a una cuestión política. Pero lo cierto es que para el especialista en seguridad Nicolás Dapena, el planteo iraní tiene lógica. Y si Naciones Unidas lo toma, puede ser la base de una situación compleja a nivel global. Hubo antecedentes al respecto.
¿Puede Interpol detener al presidente de los Estados Unidos? “Como ya decíamos en enero en Perfil —explica el especialista—, el asesinato de Soleimani podría ser tomado por las autoridades iraníes de diversas formas, con diversos encuadramientos posibles. Uno de ellos podría haber sido que lo tomen como un acto de guerra. O lo que hicieron: que lo tomen como un acto terrorista. Si era tomado como un acto de guerra, era una situación de casus belli y esto desencadenaría la aplicación del Derecho de la Guerra. No fue así: lo que realmente pasó, y es algo que ya alertábamos en su momento es que el gobierno iraní lo calificó como un acto terrorista”.
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Unos meses después, efectivamente, un juez iraní, llevó adelante una investigación sobre cuál era la cadena de responsabilidades de Soleimani y determinó que 36 personas estaban involucradas en el asesinato, algunos de ellos políticos y otros oficiales de los Estados Unidos. “El fiscal Ali Alqasimehr lo calificó bajo la ley iraní como un acto terrorista, cometido en un tercer país, Irak. Pero hubo una colaboración judicial entre ambos países y el juez competente fue el iraní que llegó a esa conclusión. Esto nos lleva mucho al punto de partida, que fue el homicidio de Rafiq Hariri, que fue el origen de la guerra civil en el Líbano.
Fue una bomba que explotó por donde pasaba Hariri, el 14 de abril de 2005. Lo que dio lugar a una comisión de investigación independiente de las Naciones Unidas, del gobierno del Líbano con el Secretario General para garantizar independencia”, explica Dapena.
La situación tiene muchos puntos en común: “Ya lo dijimos en febrero: una de las alternativas que pudo haber tomado el gobierno de Irán era constituir una comisión independiente de investigación como la que terminó en el Tribunal Especial del Líbano, que se llevó adelante en La Haya.
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Habiendo realizado la investigación, bajo sus leyes, dictaminado que sea es el lugar competente y llegando a la conclusión que es un acto terrorista, como Irán es miembro de Interpol, puede emitir una orden de arresto y puede exigir que se active una alerta roja”.
Dapena dice que: “Qaeem Soleimani era una persona muy respetada entre los militares iraníes, porque fue quien derrotó a Isis, dentro del Teatro de Operaciones de Medio Oriente posterior a la primavera árabe.
La operación de un juez competente de Irán determinó que la operación de asesinato fue manejada desde Qatar, por el Comando de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la lógica jurídica, la investigación es sólida, más allá de que no es un expediente abierto, ni al que se tenga acceso. La lógica dice que fue un evento que existió, sobre el que el gobierno de los Estados Unidos asumió su responsabilidad. Incluso, el presidente Trump dijo que Soleimani debió ser asesinado incluso bastante antes, “años atrás”. La responsabilidad le cae entonces a toda su cadena de comando”.
Para el especialista se abre un nuevo escenario. “Lo que sigue es una dinámica propia y compleja, que hay que ver cómo funciona, ver si Estados Unidos hace uso del ejercicio de defensa bajo la ley iraní, si reconoce someterse a esa jurisdicción. Hay que tener en cuenta que ya hubo un reconocimiento de los hechos. Lo que dijeron es que bajo la ley de los Estados Unidos lo había juzgado como terrorista y decidieron ejecutar el asesinato en un tercer país, que es Irak. Si se considera la ley internacional, no parecería que el planteo norteamericano, encaje demasiado correctamente. Sobre qué pueden pasar: son difíciles las consideraciones políticas. Interpol, por sus propias reglas, no acepta pedidos políticos. Es preciso observar cómo encaró Irán el pedido, si le agregó o no un componente político. Interpol es habitualmente muy serio”, explica.
CP
