Como un balde de agua fría cayó la noticia de que una jueza norteamericana del Estado de Nueva York (Ruth Ginsburg), ayer lunes suspendió temporalmente el plan que hace tiempo se venía tejiendo para salvar a la Chrysler, que incluía la intervención del Estado Federal y la compra de los principales activos por parte de la italiana Fiat.
Un Fondo de pensión de Indiana, que representa a policías y maestros, presentó una medida de amparo ante el juzgado neoyorkino por los 42 millones de dólares que éste tiene en juego y logró que la jueza ponga el acuerdo en el freezer, elevando el caso para que decida la Corte Suprema. Las quejas de los afectados tienen que ver con los bonos de deuda asegurada que tenía emitidos la Chrysler de más de 7 mil millones de dólares.
Si el máximo tribunal decide intervenir, es posible que el acuerdo se postergue por mucho tiempo. Si esto ocurre, la Fiat podría retirar su oferta y obligar al gobierno a liquidar a la empresa, cerrando sus plantas. La compañía italiana había dado un plazo hasta el 15 de junio para que la Chrysler solucione los problemas con los sindicatos y con los bonistas. Asimismo de intervenir la Corte, sus decisiones jurisprudenciales también podrían tener implicancias para los acuerdos anunciados para salvar a la General Motors.
Pero no solo en la Corte se discute el tema. También hay otros afectados que están reclamando en el Congreso, especialmente las concesionarias de autos que se pretenden cerrar con los planes anunciados. Las mismas están solicitando un cambio en la legislación para situaciones especiales como esta crisis.
En el supuesto evento que la Corte no acepte la apelación, la jueza podría levantar la suspensión y el acuerdo con la Fiat seguiría adelante, aunque la magistrada podría también dictar alguna norma adicional al respecto. La Chrysler se había presentado en concurso de acreedores el pasado 30 de abril, mientas que la General Motors hizo lo propio el 1º de junio.
Es claro que los planes de reestructuración propuestos por la Secretaría del Tesoro con la aprobación presidencial, ahora podrían chocar de frente con la Corte Suprema, si ésta decide intervenir para defender los derechos de varios de los inversores y tenedores de bonos de ambas compañías que ahora luchan a través de la justicia, para defender sus intereses.
(*) Especial para Perfil.com
