Desde La Invasión, Táchira. Cuando los militares golpearon la puerta de la casa de Evelis García, una colombiana residenciada en el poblado La Invasión de San Antonio de Táchira, Venezuela, ella supo que había llegado el momento. Su familia ya estaba alistada: el padre, de 77 años, cargaba con una ligera mochila; los tres hijos, con bultos de ropa y electrodomésticos; y su esposo, con dos maletas. Ninguno quedó en el hogar para recibir a los visitantes.
La fuga comenzó el sábado 22 de agosto, días antes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera colombo-venezolana y decretara el estado de excepción en seis regiones de Táchira. “No podíamos esperar a correr la suerte de otros colombianos, que fueron humillados y maltratados al ser deportados a la fuerza –cuenta García a PERFIL–. Así que fue mejor huir de la Guardia Nacional”.
La “suerte de los otros colombianos” fue mostrada en números el pasado jueves por la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia: 1.088 deportados, 244 niños repatriados, 369 personas que regresaron a su lugar de origen, 929 albergados, y 4.260 colombianos que retornaron a su país de forma espontánea.
Pero el éxodo continúa. García y su familia escapan de las cifras oficiales de la ONU. Ellos estuvieron durante cinco días escondidos en el sótano de la finca de unos amigos en Táchira para no ser descubiertos por los soldados venezolanos. “Lo único que quedaba era esperar, y hacerlo con los ojos bien abiertos, porque cualquier paso en falso nos ponía en mayor riesgo”, relata Evelis. Esta familia nunca antes había estado tan atenta a las noticias. Observaron en la televisión a sus compatriotas cruzar el río que une a ambos países en largas filas y cargados de enormes equipajes. Supieron de la fracasada reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela, María Angela Holguín y Delcy Rodríguez. Se desanimaron aún más cuando los presidentes Juan Manuel Santos y Maduro llamaron a consultas a sus embajadores. Y leyeron las declaraciones del gobernador de Táchira, José Vielma Mora, quien prometió que se terminarían las deportaciones. Fue entonces cuando se animaron a salir de su refugio.
El viernes, la mujer hacía una fila en una esquina cercana al Puente Internacional Simón Bolívar de Táchira para volver a Colombia. Estaba con su papá, sus tres hijos, cuatro maletas y algunos electrodomésticos. El sol achicharraba su piel tras ocho horas de espera, y la voz se le quebraba: “Los guardias nacionales no nos dejan pasar. Dicen que solo cruzarán la frontera quienes tengan una emergencia, un caso especial. Tenemos que esperar para regresar a Colombia”.
La Invasión ha sido uno de las localidades más golpeadas desde que comenzó la crisis en la frontera colombo-venezolana. Según el gobierno venezolano, en este barrio había paramilitares de Colombia y habitaban contrabandistas. Aquí detuvieron a un grupo delictivo y derribaron un prostíbulo, según el gobernador. El lugar fue tomado por soldados que se pasean por las polvorientas calles a pie o en camiones de combate, toman viviendas e impiden el paso en los caminos que conducen a la frontera.
Marcados. Además de la ocupación militar, el paisaje de La Invasión ha sufrido otras transformaciones. Sus moradores aseguran que despegaron sus afiches de Maduro, aunque conservan los del ex presidente Hugo Chávez. Cada una de las casitas del barrio fue marcada con las letras R y/o D, que significan “Revisada” y “Demoler”.
La vivienda de García, por ejemplo, tenía la D. Ese fue uno de los motivos de su fuga. Creyó que su hogar sería convertido en polvo. No se equivocó: su antigua casa ahora es puro escombro. Fue derribada por los militares. Lo mismo ocurrió con las casas de Robinson Ortega, Luis Hurtado, María Niño y otros colombianos que vivían en La Invasión. Todas estaban señaladas con la temida letra. “Esto es como un cementerio: se escuchan llantos y todos están como esperando la muerte”, lamenta Camilo Torres, un colombiano nacionalizado venezolano.
Su casa también tiene la “D” y podría desaparecer. Pero él dice no tener “cabeza para pensar en eso”. Hace ocho días fue separado de toda su familia. Su esposa y sus dos hijos, Juan Camilo e Ingrid, fueron deportados a Colombia. “Somos desplazados del conflicto armado colombiano –explica–. Vinimos hace 25 años a Venezuela en búsqueda de paz, pero ahora atravesamos una de las peores pesadillas de nuestras vidas: somos otra vez desplazados”.
