Un reporte de Human Rights Watch denunció que el gobierno cubano está utilizando las normas y medidas destinadas a prevenir el Covid-19 para "acosar, intimidar y detener a disidentes".
En el comunicado que difundieron, expresaron que, por ejemplo, el 26 de noviembre de 2020, fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el Covid-19 al no realizarse nuevamente una prueba.
Y detallaron: "Las detenciones ocurrieron tras numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales detuvieron a disidentes, acusándolos del delito de “propagación de epidemias”, y les aplicaron multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el Covid-19. Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre Covid-19, las autoridades detuvieron arbitrariamente, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del Covid-19".
Human Rights Watch documentó abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas: "De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por 'propagación de epidemias'. Ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con el Covid-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal", manifestaron.
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Nueve de treinta personas multadas fueron acusadas de no usar barbijo correctamente. Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por “propagación de epidemias” debido a que difundieron información sobre casos de Covid-19 en la isla. Un disidente, por ejemplo, fue multado por no haber denunciado que un amigo suyo no estaba usando el tapaboca correctamente.
Y precisaron que a ninguno de los detenidos se les permitió hacer una llamada telefónica, que algunos sufrieron golpes y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara. Algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de qué se les acusaba.
"Con arreglo al derecho internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Estos incluyen la prohibición de los malos tratos, los principios fundamentales del acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento. Es posible restringir otros derechos, como la libertad de expresión y asociación, a causa de una emergencia de salud pública grave. Sin embargo, estas restricciones solo están justificadas cuando tienen un fundamento legal, son estrictamente necesarias y proporcionadas respecto al objetivo de salud pública, están basadas en evidencia científica, tienen una duración limitada, son respetuosas de la dignidad humana, están sujetas a revisión y no son arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación", concluyeron en el informe.
J.D. /
