El fiscal civil de Uruguay Enrique Viana presentó una intimación judicial para que el gobierno de José Mujica informe detalles del contrato con la pastera UPM (ex Botnia) y aseguró que su país está "condicionado" por el acuerdo celebrado con la empresa, y describió la situación como "un regreso al feudalismo".
Viana, a quien la prensa de su país ha llamado el "fiscal verde" por haber impulsado causas en defensa del medio ambiente, se refirió al planteo de la papelera para aumentar la producción, sobre lo que se pronunciaría hoy Mujica, posibilidad que ambientalistas de Entre Ríos rechazan por considerarla contaminante.
"Están pesando en esta situación los compromisos internacionales que son los tratados y contratos de inversión, que suponen condicionamientos de la voluntad soberana de los Estados, que quedan a merced de las imposiciones, de los privilegios y las prebendas que estas grandes empresas, estas grandes corporación obtienen en esos negociados", explicó Viana a radio del Plata.
El funcionario uruguayo intimó días atrás al Ejecutivo de su país para que entregue a la jueza Ana de Salterain una copia del contrato de inversión con UPM y le informe sobre la eventual renegociación de sus cláusulas, en el marco del proceso por el cual se autorizaría a la planta a aumentar su producción de celulosa.
"Estamos volviendo al feudalismo. Como Estado, Uruguay está condicionado a la voluntad de Botnia, porque hay tratados de inversión con Finlandia", reprochó Viana, que lamentó no saber "qué dice la letra chica del contrato". "De hecho, ni sabemos lo que dice la letra grande", ironizó.
En la actualidad, UPM produce 1,1 millones de toneladas de celulosa por año, y pidió incrementar esa cantidad a 1,3 millones, aunque según la prensa de Uruguay, el gobierno de Mujica habilitará 1,2 millones de toneladas.
"Un contrato de estas características obliga al Estado uruguayo a no poner frenos a estos aumentos de producción. De no cumplir con esto, si se pusiera firme, Uruguay sería demandando por una compensación, por no permitirle desarrollar su proyecto, ante la Corte internacional de La Haya", aseguró el fiscal.
"Estamos volviendo, e incluyo a la Argentina y otros países en esto, al viejo feudalismo. Estas empresas comercian y se manejan como si fueran señores feudales y negocian con los Estados, pactan y acuerdan", acusó. "¿Por qué estos acuerdos se hacen en forma secreta? Porque hay algo que no quieren mostrar, o hay algo que avergüenza y no quiere mostrarse, y es porque estos contratos suponen cesiones de soberanía", enfatizó.
